El fiscal solicita dos años de cárcel para Julián Muñoz

La Fiscalía de Málaga ha pedido dos años de cárcel y diez de inhabilitación para el ex alcalde Julián Muñoz y otros siete ex ediles del GIL por un delito urbanístico en Marbella (Málaga) derivado de la concesión de una licencia para aparcamientos en suelo no urbanizable. Según la calificación fiscal, los imputados otorgaron el 30 de septiembre de 1999 una licencia de obra a la entidad Laelco Inversiones para edificar 89 aparcamientos y garajes en la urbanización Guadalpín Norte "a sabiendas de que contravenía las normas urbanísticas vigentes".

Muñoz será juzgado por esta causa los próximos 7, 8 y 9 de mayo en el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga junto a los ex concejales Rafael González, José Luis Fernández Garrosa, Francisco Javier Lendínez, Pedro Tomás Reñones, José Luis Troyano, María Luisa Alcalá y Alberto García. De los ocho acusados, los cinco primeros están implicados en el caso Malaya que investiga la trama de corrupción municipal y urbanística en el Ayuntamiento de Marbella.

Julián Muñoz y los siete ex ediles de la corporación local se sentarán en el banquillo de los acusados por un delito contra la ordenación del territorio. Según el Ministerio Fiscal, la licencia de obra se concedió en un momento en el que la normativa vigente se basaba en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1968, ya que el de 1986 no se publicó hasta el año 2000 y tampoco se había aprobado la revisión del plan de 1998, proyectado por el ex alcalde Jesús Gil y que nunca llegó a tener vigencia.

Caso Magenta

Por otro lado, el arquitecto del Ayuntamiento de Marbella, Francisco Merino, y el técnico municipal Juan Muñoz declararon ayer ante el juez que los informes urbanísticos dados a conocer a los concejales especificaban si las licencias eran contrarias al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986.

Merino y Muñoz, que comparecieron ante el titular del juzgado de Instrucción número 4 de Marbella para declarar como testigos en el denominado caso Magenta, afirmaron que la redacción de dichos informes era "muy clara" y "fácilmente entendible" por los ediles, según el abogado del PSOE, Oliver Roales, que representa a la acusación particular. En esta causa se encuentran imputados catorce ex ediles de las dos últimas corporaciones municipales, entre los que se encuentran el ex alcalde Julián Muñoz y la ex primera teniente de alcalde Isabel García Marcos, a los que se acusa de un delito de prevaricación urbanística.