Los campos de batalla contra la xenofobia

La envergadura del fenómeno de la inmigración ha generado en ciertas capas sociales una corriente soterrada de malestar, miedo y recelo sin suficiente reflejo en las encuestas. En los barrios de mayor concentración inmigrante se encuentran dificultades crecientes para obtener plaza en las guarderías públicas, ayudas de comedor o becas de libros, ya que la inversión de las administraciones no ha aumentado en la medida en que lo ha hecho la población. Pese a ser, según las encuestas, uno de los países más tolerantes de Europa, los sucesos de Alcorcón no dejan de mostrar la fragilidad de la convivencia: es una nueva señal de alarma que añadir a El Ejido, Can Anglada, Banyoles, Lepe, Níjar, Almoradí o Elche.

Ya hay lugares en los que la población nativa disminuye a medida que aumenta la foránea

Los puntos de fricción se sitúan en zonas deficitarias en sanidad y educación

"Cada uno reza al Dios que quiera, pero todo el mundo debe sentirse partícipe del barrio"

"El trabajo de los inmigrantes aporta una parte significativa del crecimiento del PIB"

Aunque en España no hay conflicto interracial alto, no se puede descartar esa posibilidad

"En Francia envidian nuestra situación porque podemos empezar desde cero"

"No ha sido fácil perder el miedo", comenta la presidenta de la asociación de vecinos de San Cristóbal de los Ángeles mientras, entrada la noche y en compañía de otros vecinos, recorremos las arterias principales de este barrio del municipio madrileño de Villaverde que cuenta con una población inmigrante superior al 40%. El miedo del que habla María Prado de la Mata es el miedo, altamente contagioso, al desconocido, a los miles de desconocidos que han ido poblando este barrio obrero víctima hace dos décadas de la reconversión industrial. Y es que es aquí, en Villaverde y en Usera, en Carabanchel y en Tetuán; en El Raval barcelonés, en Sant Ildefonso de Cornellà, en Mataró, en Hospitalet de Llobregat y en tantos y tantos barrios y municipios españoles con alta concentración de población inmigrante donde se está librando la gran batalla por la integración y contra la xenofobia, de la que depende el futuro de nuestra sociedad.

Son ellos, las asociaciones de vecinos, las ONG, los educadores y mediadores, los concejales comprometidos, los profesores, quienes sostienen la malla social que amortigua a diario el impacto de los conflictos, quienes tienden los puentes, deshacen equívocos y aligeran el miedo. "Me pregunto qué pasaría en nuestro país si todas estas personas se declararan en huelga aunque sólo fuera durante una semana", indica Ricard Zapata, profesor de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra.

Efectivamente, los puntos de fricción cultural y social no están en los barrios de las clases medias que han encontrado en la inmigración la posibilidad de disponer de servicio doméstico a bajo precio -lo que he permitido en muchos casos la incorporación de la mujer española al mercado laboral- y tampoco en los despachos políticos y empresariales en los que se festeja la moderación salarial que conlleva la llegada masiva de mano de obra barata a la construcción, la agricultura y los servicios. La línea de rozamiento entre autóctonos e inmigrantes se sitúa en barrios por lo general ya de por sí deficitarios en servicios de sanidad y educación, particularmente castigados por la delincuencia; en poblaciones donde se explota la "cama caliente" (alquiler por horas) y se está al tanto del precio de cobre pelado -9 euros el kilo-, robado de las instalaciones públicas; en áreas urbanas que cuentan con peores infraestructuras.

Como señala Carmen González Enríquez, profesora de Ciencia Política y autora de varios trabajos sobre la integración de los inmigrantes, la falta de inversión pública está fomentando la competencia entre colectivos. "Los españoles autóctonos apoyan el derecho de los inmigrantes a disfrutar de todo tipo de servicios, pero siempre que no sea a su costa", sostiene. Por lo demás, la incorporación de alumnos con un escaso dominio del idioma complica el objetivo de mantener la calidad de la enseñanza en áreas que ya arrastraban un alto índice de fracaso escolar. A eso se suma la competencia laboral y una sensación de inseguridad, más imaginaria que real en no pocos casos, que pesa enormemente en las relaciones.

Es ahí, en estos barrios, donde para sobrevivir a los precios abusivos de los alquileres -llegan a exigirles el doble de lo que piden a los españoles-, muchos inmigrantes se ven obligados a compartir el piso con otras familias o a alojarse en infraviviendas condenadas al derribo. La procedencia rural de muchos de nuestros nuevos convecinos y la diferencia de las normas y usos sociales en sus países de origen chocan a veces frontalmente con las reglas implícitas y explícitas que rigen en nuestra sociedad. Carmen González Enríquez muestra que la concentración espacial de inmigrantes ocasiona problemas de convivencia: sensación de invasión ante la inclinación natural de los foráneos a reunirse con sus compatriotas en los espacios públicos, conflictos vecinales por el ruido y malestar por la falta de respeto a algunas normas cívicas. La barrera del idioma, el diferente bagaje cultural y la falta de comunicación hacen el resto. A su juicio, las concentraciones de inmigrantes en barrios determinados conllevan el peligro de la formación de guetos. De hecho, ya hay barrios en los que la población nativa disminuye a medida en que aumenta la foránea, colegios con un 93% de alumnos extranjeros, áreas urbanas con mayoría de jóvenes inmigrantes.

El director del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Fernando Vallespín, sostiene que la inmensa mayoría de los españoles no tienen una actitud negativa sobre la inmigración. El 86% se declara perfectamente dispuesto a que sus hijos compartan escuela con los de los inmigrantes, el 82% dice no ver problema alguno en tener a un vecino inmigrante, el 62% niega que los foráneos nos quiten el trabajo y casi nadie cree que la raza o la religión jueguen un papel importante en las relaciones. También el Eurobarómetro nos sitúa entre los países más tolerantes. No, España no es un país racista ni xenófobo. Si la inmigración ocupa, con permiso del terrorismo, el primer lugar en las preocupaciones ciudadanas es también porque a muchos españoles se les encoge el corazón al ver los naufragios de las pateras y, sobre todo, porque, como dice Carles Navales, director de la revista de análisis La Factoría y periodista, la inmigración se asocia con la degradación de los barrios y con la precariedad. "Hay dos maneras", dice, "de abordar el problema: dejarse llevar por la óptica cristiana y atender a los más necesitados, los inmigrantes, o apostar por el conjunto del barrio, por todos los pobres, incluidos aquellos autóctonos, que temen ser privados de las ayudas".

En esa misma línea, el plan estratégico de Ciudadanía e Integración que aprobará el Consejo de Ministros dentro de unas semanas contempla una inversión de 2.000 millones de euros para los próximos tres años. Es un fondo que integra y multiplica las partidas anuales -200 millones para el presente año- que la Administración central distribuye entre las comunidades autónomas para la acogida e integración de inmigrantes. "La acogida es clave, hay que enseñarles nuestros idiomas, que somos una democracia, que mujeres y los hombres tenemos idénticos derechos", indica la directora general de Integración, Estrella Rodríguez Pardo. "Pero el plan", subraya, "no va destinado sólo a la inmigración, está dirigido a reforzar los servicios públicos en los barrios, a asegurar la cohesión social". El acuerdo con las comunidades autónomas establece que el 50% del fondo debe ser destinado a la educación y un 40% entregado a los ayuntamientos que son los que libran esta batalla en primera línea.

La experiencia demuestra que los conflictos y la delincuencia disminuyen en aquellos barrios en los que se invierte, pero no sólo en servicios sino, sobre todo, en educadores, mediadores, en capital humano. A juicio de Carles Navales, el "error francés" que ha dado lugar a las revueltas juveniles en barrios aislados geográficamente es, precisamente, el no haber entendido que "la ciudad es una" y que es preciso implicar a todos los colectivos en salvaguardar la convivencia. En Francia envidian nuestra situación", indica,"porque nosotros podemos empezar de cero".

Con todo, el porcentaje de españoles que rechaza que su hijo comparta clase con inmigrantes ha pasado en 10 años del 1,8% al 9,9%. Es un dato que alimenta la impresión, más o menos general, de que está produciéndose un aumento paulatino de la xenofobia. Las quejas de los inmigrantes parecen demostrarlo. "Si te pillan el acento por teléfono, adiós, se acabó el trabajo. Vas a alquilar una casa, te miran de arriba abajo y nada, resulta que ya está alquilada", indica la ecuatoriana Mayra Viraconcha. Desde luego, la batalla no está ganada, -se está perdiendo en algunos barrios-, y es muy probable que éste sea un momento de transición en el que se gestan las tendencias futuras.

Ricard Zapata no duda de la existencia de una xenofobia y un racismo contenidos, particularmente en lo que se refiere a la religión islámica. "Hay ayuntamientos que aplican la política de tender puentes hacia la comunidad inmigrante, pero luego resulta que en el mismo Badalona te encuentras con 20.000 firmas de rechazo a la construcción de una mezquita", indica. "Me temo que la tolerancia que muestran las encuestas es, en parte, retórica porque los datos nos indican que el rechazo aumenta cuando se toman medidas efectivas, como la regulación de los inmigrantes. Tenemos un buen tejido asociativo, pero no se está involucrando suficientemente en el problema. Desde el Barça hasta las asociaciones de vecinos, todo el mundo debería implicarse en esta tarea", señala.

Con todo, como apunta Gabriel Lozano, de la Federación de asociaciones de vecinos de Madrid, "podemos darnos con un canto en los dientes por haber logrado absorber sin conflictos mayores y en pocos años 4,5 millones de inmigrantes". Muchos problemas pueden resolverse si se abordan con respeto y a tiempo, si se tienden puentes mínimos de comunicación. "Había unos vecinos que cocieron una vaca entera en su vivienda de 50 metros. Por lo visto, les parecía lo más normal del mundo, pero se habló con ellos y no lo han vuelto a hacer" (...) "A la frutera que tenemos abajo tuvimos que decirle que aquí no sacamos la basura a cualquier hora del día". Es cuestión de tiempo, vienen a decir las asociaciones vecinales, poco a poco nuestros nuevos convecinos irán adaptándose.

A las diferencias en los comportamientos sociales se suma la diferente percepción sobre los elementos conflictivos. "Cuando después de soportar un concierto de 18 horas seguidas sobre mi cabeza subí a protestar, me mandaron con cajas destempladas y me llamaron racista", cuenta una vecina. "Tengo una vecina racista, ha llegado a tirarme del pelo y a insultarme, 'vete a tu país', me gritaban, porque decían que hacíamos ruido. ¿Qué ruido podemos hacer si además, sólo venimos a casa a dormir?", se pregunta, a su vez, la marroquí Mina Erro que vive en el Camino Alto de San Isidro, (Carabanchel). También ella ha detectado un cambio de actitud hacia la comunidad marroquí a partir del 11-M. "Lo he notado en las miradas y en que los días siguientes al atentado me empujaron varias veces en el metro", señala.

Aunque en España no hay un conflicto interracial alto, no se puede descartar que esa posibilidad llegue a darse en un futuro si a las inversiones no se añade una garantía razonable de seguridad ciudadana. Seguramente, conviene distinguir entre los comportamientos derivados del racismo y la xenofobia y las denuncias lógicas del gamberrismo y la delincuencia protagonizada por personas inmigrantes. Tachar de racista o de xenófoba cualquier denuncia legítima por el hecho de que implique a un inmigrante es una manera de soslayar el problema, taponar la solución y generar el caldo de cultivo del que puede surgir la verdadera xenofobia.

"La opinión pública negativa respecto a la inmigración responde a la impresión de que la política no tiene recursos y de que hay una falta de gobernabilidad que empieza con la incapacidad de cubrir nuestras fronteras", indica Ricard Zapata. "Tiene gracia que una persona como yo que se las tuvo con la policía franquista encabece ahora manifestaciones pidiendo más policías para el barrio", comenta Gabriel Lozano.

Son los adolescentes y jóvenes, por lo general, quienes, con razón o sin ella, suscitan el temor y la animadversión en la población autóctona. Es la gran incógnita que habrá que despejar antes que tarde. Probablemente, tienen razón cuando afirman que a ellos no se les perdona lo que se consiente en el caso de los autóctonos. Como corresponde a una población en gran medida marginada, el índice de delincuencia entre los inmigrantes es superior a la de los autóctonos pero, en cualquier caso, lo que los españoles no pueden jamás perder de vista es que la inmensa mayoría de nuestros nuevos convecinos son gentes pacíficas y trabajadoras que tienen mucho más que enseñarnos de lo que creemos, que sufren los delitos en primera persona y por partida doble, puesto que les estigmatizan colectivamente a los ojos del resto de la sociedad. El daño que el gamberrismo y la delincuencia juvenil provocan en la convivencia social dentro de las áreas de fricción es incalculable y, como reclaman tantas veces los propios colectivos de inmigrantes, deberá ser encauzado y atajado más pronto que tarde.

La ex secretaria de Inmigración de la Generalitat y experta del PSC en la materia, Consol Prados, opina que la situación actual es fruto de "la ausencia, hasta hace poco, de una política de inmigración". La falta de trabajos estadísticos sobre los problemas de convivencia en los barrios y el hecho mismo de que el Observatorio contra el Racismo y la Xenofobia no se creara hasta 2005 parecen darle la razón.

"Cada uno puede rezar al Dios que quiera, pero tenemos que conseguir que todo el mundo se sienta partícipe de su barrio. Si queremos que en lugar de comunidades haya una comunidad de ciudadanos, tenemos que coordinarnos eficazmente entre las administraciones e invertir en los barrios, nada de repartir la miseria", destaca.

El diputado de CiU Carles Campuzano opina que la incapacidad de la Administración para abordar el fenómeno ha contribuido a generar la sensación de inseguridad en los barrios populares. "No hemos sido capaces de regular las entradas ni de facilitar la acogida y la integración y hemos navegado entre un discurso paternalista que banaliza los problemas y el que lisa y llanamente exige a los inmigrantes que se adapten o que se vayan", añade. "El resultado es que cualquier incidente, una riña, una disputa, una mirada a una chica, puede desembocar en enfrentamientos entre comunidades. No hemos sido conscientes de que éste es el gran problema no sólo español, sino europeo de los años venideros", explica.

A la vista de los chicos que deambulan por los barrios, cabe preguntarse quién cuida y controla a los hijos de las empleadas del servicio doméstico que limpian nuestras casas y cuidan a nuestros niños y a nuestros ancianos. Es un problema al que los expertos otorgan cada vez mayor importancia. La ausencia de sus progenitores, obligados a largas jornadas laborales, facilita el absentismo escolar y el pandillismo y eclipsa el referente familiar de la disciplina y la autoridad del padre.

"Soy partidario de actuar como en Dinamarca. A los padres que no llevan a sus hijos a la escuela, se les apercibe y si reinciden se les expulsa del país", apunta Carles Navales. Impedir que esos jóvenes adopten formas de violencia y de pequeña delincuencia importada, evitar que arruinen su futuro y la convivencia exigirá un trabajo y una atención muy particular.

Aunque sólo sea desde el egoísmo, puesto que el trabajo de los inmigrantes aporta una parte significativa del crecimiento anual de nuestro PIB, España haría bien en hacer un gran esfuerzo colectivo para ganar la gran batalla de la convivencia. Como dicen los que trabajan a pie de obra en el problema, lo primero es comprender que ya no hay marcha atrás, que España ya no será nunca más una sociedad homogénea, monocultural.