"El Gobierno ha cedido a la presión de los militares"

Los representantes de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) anunciaron ayer que se plantean acciones conjuntas con otros sindicatos policiales como respuesta a la decisión del Gobierno de expedientar a dos de sus dirigentes, y añadieron que tienen noticia de la preparación de otros 30 expedientes contra destacados representantes del sindicato por haberse manifestado de uniforme en Madrid. "El Gobierno ha cedido a la presión de los militares", afirmó Fernando Carrillo, ex secretario general de la AUGC, y añadió que en los expedientes "se sugiere la ilegalización de nuestra organización".

Los dos expedientados por haber participado en la manifestación del 20 de enero en la Plaza Mayor de Madrid son Joan Miquel Perpigná, secretario general de la AUGC, y Juan Antonio Delgado, secretario de medios de comunicación. Miquel precisó, en la conferencia de prensa, que Delgado se ha enterado de su expediente por la prensa, "porque no le ha llegado la comunicación oficial". "Los expedientes", añadió, "no van a cambiar la realidad de las cosas ni a conseguir que los guardias no reclamen lo que creen en justicia".

Miquel explicó que las sanciones pueden ir desde una suspensión hasta la expulsión del cuerpo, "e incluso que me formen un consejo de guerra, porque estos expedientes sabes cómo empiezan pero no cómo acaban...". El líder de la AUGC no continuó con su intervención y cedió la palabra al anterior secretario general, Fernando Carrillo, ya retirado de la Guardia Civil. "Lo hago así porque él no está sujeto a restricción de derechos. Es absurdo que tengas que hablar por boca de otra persona, pero él será quien haga una valoración de lo que ha sucedido".

Carrillo aseguró que el departamento de asuntos internos de la Guardia Civil prepara ya otros 30 expedientes. "En el que ya se ha comunicado no hay alusión a frases ni entrecomillados como se ha querido decir [en referencia a que hubo insultos hacia el presidente del Gobierno]. Hay que tener en cuenta que la asesoría jurídica está formada por militares y que el texto del expediente sugiere una ilegalización de la asociación". "Se ha expedientado a un colectivo que representa a uno de cada tres guardias civiles", añadió.

"¿Por qué vinieron de uniforme arriesgándose a un procedimiento?", se preguntó Carrillo en referencia a la manifestación del 20 de enero. "No fue por hacerle un feo al presidente del Gobierno ni al ministro del Interior. Lo hicimos porque estamos desesperados. No nos han dejado otra salida y parece que ahora se nos valora por el uniforme. Ningún Gobierno ha legalizado derechos para los guardias civiles".

Carrillo explicó algunos de los incumplimientos del Gobierno han sido la causa de la movilización, dado que a estas alturas de la legislatura ya no hay tiempo material para llevar a la realidad algunos proyectos. Se refirió también a la brecha que se está produciendo en la Guardia Civil entre los altos mandos militares y los agentes. "Nosotros no hemos abierto el debate de la desmilitarización. El debate lo han abierto los generales para meter miedo", dijo.

"El ministro del Interior sólo escucha la voz de los generales", añadió. "No vamos a parar. Ya les estamos advirtiendo a nuestros compañeros de que no respondan a las provocaciones que se están produciendo en los acuartelamientos. Tenemos noticias de que se están recaudando fondos, de que se están organizando cajas solidarias, cajas de resistencia. Los expedientes no han provocado miedo, sino solidaridad. Unos guardias civiles con derechos es lo mejor para la democracia".