La cúpula del Ejército elevó a Alonso su malestar por la protesta de guardias civiles

La cúpula militar quiere evitar el efecto contagio en el Ejército del descontento en el seno de la Guardia Civil, 3.000 de cuyos miembros se manifestaron el pasado día 20 para pedir la desmilitarización del instituto armado. Los tenientes generales en activo expresaron su malestar el martes al jefe del Estado Mayor, Carlos Villar, que lo transmitió al ministro de Defensa, José Antonio Alonso. Éste les instó a erradicar cualquier foco de indisciplina. En los días siguientes, fueron expedientados dos líderes de la asociación de guardias civiles convocante de la protesta (AUGC), y arrestado el presidente de una de militares. Según la AUGC, el Gobierno ha cedido a la presión del Ejército y prepara nuevas sanciones.

La concentración de 3.000 agentes de uniforme, el pasado día 20 en Madrid, cayó como una bomba en los cuarteles. "Es lo más grave que ha sucedido en los últimos años", opinaba un mando. "No le tengo ninguna simpatía a Zapatero, pero resulta intolerable ver a guardias civiles insultar al presidente del Gobierno", agregaba otro. "Es mejor que dejen de ser militares, antes que pasar por esto", remachaba un tercero.

El Consejo Superior del Ejército de Tierra, reunido el pasado martes en el Palacio de Buenvista, tuvo ocasión de transmitir directamente su malestar al ministro de Defensa, José Antonio Alonso. El procedimiento empleado fue extremadamente respetuoso, pero no por ello menos claro: primero, los tenientes generales en activo se reunieron con el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Carlos Villar, y expresaron sin tapujos su parecer sobre lo sucedido; luego, Villar se ausentó de la reunión para asistir a la toma de posesión del nuevo secretario general de Política de Defensa, el diplomático Luis Cuesta; por último, Villar regresó para almorzar con los tenientes generales acompañado por el ministro de Defensa.

En el trayecto entre la sede central del Ministerio y el Palacio de Buenavista, Villar tuvo ocasión de informar a Alonso del rechazo unánime de los tenientes generales a la concentración de guardias civiles y éste ya estaba advertido cuando, conforme al guión previsto, Villar hizo un resumen protocolario de los asuntos abordados en la reunión mensual del Consejo Superior del Ejército de Tierra.

El ministro empezó explicándoles que habían sido malinterpretadas sus palabras del día anterior sobre la manifestación de guardias civiles. Preguntado al respecto durante la rueda de prensa con que concluyó su visita al centro Geográfico del Ejército, Alonso había dicho: "No me consta que se produjera ninguna ilegalidad". El diario Abc tituló: "Alonso no ve ilegal que miles de guardias se manifiesten y griten ¡Zapatero, embustero!".

El ministro explicó a los mandos militares que no se había pronunciado con claridad porque la ley atribuye a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil la iniciativa para abrir expedientes disciplinarios a los agentes, mientras que a él le corresponde decir la última palabra, y precipitarse supondría prejuzgar el resultado. Eso no significa, enfatizó, que considerara legal la manifestación de guardias uniformados. Todo lo contrario.

La conmoción que las imágenes de la plaza Mayor causaron a muchos mandos militares sólo se entiende si se considera que, hasta hace 20 años, la Guardia Civil era dirigida por un teniente general del Ejército de Tierra y que todavía hoy los oficiales del instituto armado pasan dos años en la Academia General Militar de Zaragoza y acuden a los cursos de Estado Mayor y aptitud para el ascenso al generalato en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. Es decir, que muchos militares y guardias civiles son compañeros de pupitre.

Eso sin contar con que el ministro de Defensa comparte con el de Interior la facultad de proponer al director de la Guardia Civil, conserva la competencia en materia de ascensos y se reserva la imposición de las sanciones disciplinarias más graves, como la separación del servicio. Además, ostenta el mando directo sobre los agentes cuando cumplen misiones de carácter militar.

Pero la mayor preocupación de los mandos militares era el efecto contagio que la escalada reivindicativa de los guardias civiles pudiera llegar a tener en el seno de las Fuerzas Armadas. "No vamos a tolerar ningún acto de indisciplina", dijo el ministro a los periodistas inmediatamente antes de almorzar con los tenientes generales. Y a ellos también se lo repitió. "Aunque no hacía falta", remacha uno.

Preguntado un alto responsable del Ejército si sería posible procesar por sedición a los 3.000 agentes que se manifestaron de uniforme por Madrid, contestó provocador: "¿Por qué no?" Pero el mismo mando admitía, más en serio, que habría resultado mucho más fácil tomar medidas expeditivas en su momento y no dejar que el problema adquiriese las actuales dimensiones.

Eso es justo lo que los jefes del Ejército decidieron. "Cuando las barbas de tu vecino veas cortar....", resumía uno de ellos.

No es casualidad que el pasado jueves fuera arrestado el presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME). Dos capitanas de la Asesoría Jurídica del Cuartel General del Ejército acudieron a mediodía a la base de helicópteros de Colmenar Viejo (Madrid), donde está destinado el brigada Jorge Bravo, para comunicarle que tenía dos horas para presentarse en el centro disciplinario y empezar a cumplir el arresto de un mes y un día que le había impuesto el propio jefe del Ejército, Carlos Villar. "De no proceder como le ha sido ordenado, habrá lugar a exigírsele las correspondientes responsabilidades penales", decía la expeditiva notificación.

Para abundar en el carácter ejemplificador de la sanción, ésta fue difundida a través de la página web del Ejército de Tierra, lo que carece de precedentes.

Formalmente, la sanción le fue impuesta por unas declaraciones formuladas por Bravo en marzo de 2006, en las que cuestionaba la versión oficial sobre el accidente del Cougar en el que murieron 17 militares españoles en Afganistán. Lo cierto es que, de todas las asociaciones militares, la AUME es la más próxima a la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), organizadora del acto de Madrid que tanta indignación había producido en la cúspide del Ejército.

Por si hubiera alguna duda, el propio Bravo -aunque de paisano y no de uniforme- subió a la tribuna instalada en la Plaza Mayor y expresó públicamente su apoyo a las reivindicaciones de los guardias civiles. Además, el mismo día en que se reunía el Consejo Superior del Ejército, saltó a los medios de comunicación la campaña de la AUME para quejarse por el reparto de los complementos retributivos entre los militares.

Según varios expertos, no llega al 2% de los 130.000 militares en activo los que pertenecen a alguna asociación. A pesar de que hay media docena legalizadas. Algunas, como AUME, nacieron a partir de la problemática de un colectivo concreto -en su caso, los controladores aéreos militares- y han ampliado su campo al resto de las Fuerzas Armadas. Otras, como AME o AMARTE, surgieron de oficiales en la reserva y han incorporado luego a personal en activo.

"No hay por ahora ninguna posibilidad de que ocurra en el Ejército lo mismo que en la Guardia Civil", asegura un alto mando. Por ahora no es para siempre.