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ANÁLISIS | NACIONAL
Columna
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La ley del talión

La huelga de hambre de De Juana Chaos

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sustituye como instancia decisoria a la Sección Primera a fin de mantener al ex dirigente etarra en prisión preventiva incondicional

LA HUELGA DE HAMBRE de un antiguo dirigente de ETA que fue detenido en 1987, cumplió ya su condena por 25 asesinatos y permanece en prisión preventiva a causa de un delito cometido desde la cárcel en 2005 (sentenciado por la Audiencia Nacional y pendiente de recurso ante el Supremo) ha suscitado todo tipo de conflictos morales, jurídicos y políticos. Tras un primer ayuno voluntario de 63 días iniciado el 7 de agosto, la reanudación el 7 de noviembre de esa dramática combinación de protesta y chantaje ha situado a De Juana al borde de la muerte. El informe enviado el pasado lunes a la Sección Primera de la Sala de lo Penal por la unidad de nutrición clínica del hospital Doce de Octubre -donde ingresó el 24 de noviembre- advertía sobre el alto riesgo de fallecimiento; la alimentación forzosa por vía parenteral -autorizada por la Audiencia Nacional de conformidad con la jurisprudencia constitucional- no garantiza su supervivencia. La delegación del Comité para la Prevención de la Tortura y de los Tratos o Castigos Inhumanos o Degradantes del Consejo de Europa que viajó a España hace una semana para estudiar el caso emitirá próximamente un informe sobre su visita.

El ministerio fiscal -requerido por el tribunal sentenciador- se pronunció por razones humanitarias a favor de que el recluso pasara de la situación de prisión preventiva incondicional a la prisión preventiva atenuada en el domicilio bajo vigilancia policial y sanitaria. La Sección Primera, que había dictado contra De Juana Chaos la condena que le mantiene actualmente en prisión preventiva, se inclinaba al parecer por la libertad bajo fianza. Sin embargo, el Pleno de la Sala de lo Penal -abocado de manera extraordinaria por vez primera para pronunciarse sobre una medida cautelar- decidió de forma mayoritaria mantener la prisión incondicional.

La reducción al absurdo según la cual un posible trato favorable a De Juana sería una invitación para que todos los presos de ETA se declarasen en huelga de hambre finge olvidar las peculiaridades del caso. De Juana fue sentenciado a 12 años y 7 meses el pasado noviembre por la Audiencia Nacional como autor de un delito de amenazas terrorista perpetrado desde la cárcel mediante dos artículos -El escudo y Gallizo- publicados en diciembre en el diario Gara. La comisión de ese presunto delito mientras permanecía en prisión frustró la puesta en libertad del antiguo dirigente de ETA a comienzos de 2006 -como le correspondía- por liquidación de su condena. Actualmente, De Juana Chaos no cumple una pena impuesta por sentencia firme, sino que se halla en régimen de prisión preventiva a la espera de que el Supremo estudie su recurso de casación. La circunstancia de que el juez de la Audiencia Nacional encargado del sumario, Santiago Pedraz, no encontrase indicios de delito en los artículos publicados en Gara por el imputado -aunque la Sala le ordenase continuar la instrucción- muestra la complejidad técnico-jurídica del caso; algunos prestigiosos expertos en derecho penal sostienen que el Supremo debería revocar la sentencia.

Los efectos perversos del Código Penal predemocrático de 1974 y la picaresca y el fraude de la redención de penas por el trabajo explican -aunque no justifiquen- la anomalía de que De Juana, sentenciado a 3.139 años de prisión por 25 asesinatos, habría sido excarcelado a comienzos de 2006 -tras 18 años de cumplimiento de su trimilenaria condena- si Gara no hubiese publicado en diciembre de 2005 sus artículos. La ejecutoria del dirigente de ETA y la insuficiente reparación penal por sus crímenes no deberían, sin embargo, dar rienda suelta a los sentimientos de venganza ni marcar el camino para el regreso al derecho penal de autor. La posible muerte del responsable de 25 asesinatos -aunque sea voluntaria y encubra un chantaje- crea un conflicto moral que la ley del talión no resuelve. Margaret Thatcher, que no cedió ante la huelga de hambre del IRA de 1981, dejó escrito en sus memorias que era posible admirar el coraje ante la muerte de Boby Sands y los otros nueve republicanos fallecidos sin simpatizar con su causa criminal.

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