Una promoción de chalés invade un colegio público en Gondomar

Frente a la cancha de baloncesto, donde juegan los casi 200 alumnos de educación infantil y primaria del colegio público Serra-Vincios, en el municipio de Gondomar, asoma desde septiembre un grupo de chalés. Las construcciones están tan pegadas al terreno del centro escolar que uno de los propietarios ni siquiera ha construido muro para delimitar su finca: aprovechó la verja del colegio, al que pertenecen legalmente los terrenos.

En Vincios todos están de acuerdo en que se trata de una usurpación flagrante. Los primeros, los profesores y padres del colegio, que llevan meses exigiendo al Ayuntamiento de Gondomar, el propietario de los terrenos, que intervenga. Los segundos, los habitantes de esta aldea próxima a Vigo, que agrupados en la asociación de vecinos apoyan desde el principio las reivindicaciones de los responsables de este centro escolar.

La directora del colegio, María Luisa Varela, concejala del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en la corporación de Gondomar, envió la primera carta al alcalde el pasado 20 de octubre, después de informar verbalmente del problema "sin obtener resultados", asegura. Le pedía, en nombre del Consello Escolar del CEIP Serra-Vincios, que se marcasen "los lindes reales" del colegio.

La historia se remonta a 1977, cuando el Ayuntamiento de Gondomar compró las 29 fincas sobre las que se asienta el colegio para cedérselas a la Delegación Provincial de Educación, el organismo que construyó el centro. Como parte del terreno era irregular, se dejó fuera del cierre, y ahí está la clave de esta usurpación. "Por la parte de abajo dejamos fuera unos 400 metros", explica María Luisa Varela, y donde se han hecho las casas, "una franja de dos metros de ancho" para respetar la servidumbre de paso de un vecino que cruzaba en tractor a su finca. Con el tiempo, este hombre dejó de usar esa zona de tránsito y se perdió la servidumbre.

Uno de los padres de la ANPA (Asociación de Nais e Pais del colegio de Vincios), Antonio Álvarez Rial, explica que en el pueblo mucha gente está indignada porque recuerda perfectamente el proceso vecinal para facilitar los trámites y vender las fincas al Ayuntamiento para construir el colegio.

El arquitecto técnico municipal de Gondomar, Alfonso Soliño, dictaminó el pasado 15 de noviembre en un informe, tras recibirse la carta del Consello Escolar, que "las obras distan del cierre del colegio tres metros", como exige la normativa vigente, y concluía que "en el inventario de bienes la parcela del colegio se limita a terrenos interiores al cierre". Según la directora del centro, la directiva de la ANPA y la asociación de vecinos, una de las casas dista mucho menos de tres metros de la verja del recinto escolar.

El arquitecto técnico aseguró ayer que en los planos que posee el Ayuntamiento sólo aparece como terreno público el que está vallado. Estos mismos planos son los que tenía el colegio. Pero desde la directiva del centro afirman que avisaron al gobierno municipal de que en la Delegación de Educación podía haber un plano anterior, en el que estuviese trazado el terreno real. Y ese mapa apareció el pasado jueves. Un técnico de Educación visitó el colegio con los papeles que demuestran que las casas han usurpado terreno público, según María Luisa Varela.

La presidenta de la Asociación de Nais e Pais de Alumnos del centro escolar, Beatriz Fernández, asegura además que hay algo que los propietarios de los chalés seguramente desconocen, y es que "justo encima de las fincas, donde ahora está la cancha de baloncesto, se va a construir un polideportivo, con lo que estas viviendas se quedarán sin luz".

La directora del colegio explica que las autoridades escolares tenían el proyecto de construir, una vez que estuviese terminado este pabellón deportivo, un aparcamiento sobre los 400 metros cuadrados que dejaron fuera del cierre, en la parte de abajo del centro. La franja de dos metros en disputa se aprovecharía para construir el acceso.

Tanto la directora y concejala del BNG como la representante de los padres de alumnos coinciden en que los compradores de los terrenos no tienen la culpa. "Uno de ellos vino a hablar conmigo", recuerda Varela, "con sus papeles en regla".