¿Quién teme la transparencia?

Debería ser una práctica admitida socialmente con total normalidad el hecho de que los individuos con responsabilidades de Gobierno declarasen por imperativo legal sus bienes patrimoniales como trámite previo a la toma de posesión. Hay precedentes en otros países e incluso en otras comunidades autonómicas en las que este requisito está vigente y constituye un signo de madurez y transparencia democrática. El posible morbo o expectación que haya podido suscitar por estos pagos se ha debido únicamente a la novedad de que las biografías de los políticos con áreas de poder e influencia se completen con estas informaciones en buena parte ignoradas acerca de su estatus económico.

Tal acaba de acontecer con la reciente declaración de bienes que han publicado en sus respectivas páginas partidarias web los diputados del PSPV y EU-L'Entesa. Así, a raíz de lo divulgado, sabemos que ninguno de los parlamentarios de izquierda puede inscribirse en el registro de las grandes, ni siquiera medianas, fortunas. Sin llamativas diferencias, todos pertenecen a un mismo segmento social y en su mayoría coinciden en considerar el cargo político como un tránsito, pues así se desprende de los seguros de vida, fondos de pensiones y ahorro en forma de vivienda y pequeñas inversiones efectuadas. Un filón de datos para quien se incline por un estudio sociológico pormenorizado del estamento político que podrá completarse el día que los representantes de la derecha declaren sus bienes. Llegados a ese punto cabría establecer incluso las relaciones entre patrimonio e ideología, pudiendo darse el caso, nada excepcional por otra parte, de que los hay conservadores con poca o ninguna riqueza. Remedando a Josep Franco en su Catecisme per agnostics (Edicions 3i4) se diría de ellos que no son de esa clase patrimonial, pero viven con la ilusión de pertenecer a ella. Son de derecha sin causa, una verdadera inconsecuencia.

Podrá argüirse que esta declaración que glosamos es poco menos que un brindis al sol, un gesto electoral de cara a la galería, ya que no es entre los diputados y en el ejercicio del cargo donde se vienen produciendo los grandes incrementos patrimoniales. Éstos, como es sabido, se han dado y dan en el marco del urbanismo y al amparo de la política municipal. En realidad, a quienes se les debería exigir, no una declaración, sino una radiografía de sus bienes, los propios y los colaterales, es a los alcaldes y concejales responsables de la parcela urbanística, verdadero vivero de las corrupciones más escandalosas.

Gesto electoral y acaso oportunista, pero que, por lo pronto, ha puesto en evidencia al PP valenciano, que se ha negado a secundarlo, posiblemente porque no ha podido. Tiene muchos casos judiciales abiertos y tantos más bajo sospecha o con sobrados indicios de súbitos y nebulosos enriquecimientos. Admitir la pertinencia de la declaración sería validar el precedente que, más antes que después -sobre todo, si gobierna la izquierda, como tiene prometido-, habrá de ser obligatorio para todo político que gestione bienes públicos, como decíamos. La transparencia en todos los órdenes de la vida pública, a la postre, no es más que un exponente de madurez democrática, y en el marco autonómico valenciano ha ido diluyéndose desde que la derecha gobierna hegemónicamente.

No obstante lo dicho, pecaríamos de ingenuos si confundiésemos la declaración de bienes con la pócima prodigiosa contra la fauna de manguis que asola la política valenciana. Y la española, claro, pero es aquí, en el País Valenciano, donde nos interesa prioritariamente y donde deben tomarse las medidas que se han adoptado ya en Castilla-La Mancha y Extremadura. Resulta obvio que la confesión patrimonial no conjura la tentación de prevaricar, rendirse al soborno o incurrir en cualquier otra debilidad provechosa e ilegal, como el manido tráfico de influencias en el que anda enredado un político de campanillas. No la conjura, decimos, pero la pone más cuesta arriba al establecer la obligación -al menos moral- de justificar las opulencias sobrevenidas en el ejercicio del cargo. El PP, por ahora, no quiere verse en ese trance.