"Vendetta" contra Landín

"Esto es una vendetta política porque soy un alcalde del PP y yo no me arrugo". José Antonio Landín, regidor del municipio de Barro (Pontevedra), quien lideró el movimiento SOS contra o Lume, surgido a raíz de la oleada de fuegos del pasado agosto como plataforma de denuncia contra la gestión de la Xunta, justifica así la paralización del polémico proyecto de mejora del parque natural de A Barosa y de otras tantas iniciativas -entre las que cita una guardería, un instituto, viviendas sociales, un polígono industrial o varias obras para mejorar los accesos a zonas rurales- que gestiona ese Ayuntamiento. Landín asegura que el BNG y el PSdeG le están sometiendo a un "ajuste de cuentas, tanto al alcalde como al PP, y al final lo paga el pueblo". El alcalde niega rotundamente que pretenda soterrar un río 5 metros, como aseguran la oposición y grupos ecologistas.

La Xunta paralizó las obras tres meses después de autorizar las expropiaciones

"Es la primera vez en la historia de la democracia española que una administración que autoriza una expropiación urgente la deja, más tarde, sin efecto siendo la misma administración y del mismo partido político", sostiene el regidor. Landín se refiere a la decisión del Consello de la Xunta que autorizó en enero de 2006 la expropiación forzosa de terrenos cercanos al río Barosa para, tres meses después, publicar en el Diario Oficial de Galicia un decreto que la dejaba sin efecto.La respuesta del Ayuntamiento fue presentar un contencioso en el Juzgado de Pontevedra.

La actuación en el parque ha derivado en múltiples frentes judiciales. El Juzgado número 1 de Caldas ha abierto diligencias previas tras la denuncia de los vecinos ante la Guardia Civil por un presunto delito de daños. Y el ejecutivo local mantiene un contencioso con Augas de Galicia por la paralización cautelar de las obras, como destaca el socialista José Luis Abal. Los afectados explican que existen varios procedimientos más abiertos "ocho por vía penal y seis, al menos, de tipo administrativo", aseguran.

"Es una pena", dice Landín, "porque podía estar prácticamente hecho, pero ni a mí ni al pueblo de Barro nos extrañan ya estas maniobras". El objetivo de esta actuación es construir un aparcamiento de 340 plazas, taludes en los márgenes, paseos peatonales, un puente de hormigón, un cierre perimetral de malla metálica de 720 metros y un relleno de la superficie entre los muros de contención y la pista municipal que se ajardinará. Técnicos municipales aseguran que no se tocará el cauce fluvial y que a pesar de contar con todos los permisos que "aún siguen vigentes", según ellos, está todo en suspenso. De los escombros aparecidos en el margen fluvial no se hacen cargo porque dicen que "el Ayuntamiento no puede tener vigilada la zona las 24 horas".

El proyecto de A Barosa se ha topado de frente con varios vecinos afectados por las expropiaciones, la oposición política del municipio y los ecologistas. Los primeros porque aseguran que el alcalde se está saltando la legalidad al intervenir sus propiedades y porque están disconformes con los 6 euros por metro cuadrado ofertados, muy lejanos de los 18 a los que se cotiza la tierra en esa zona, según los residentes. Y, los otros, porque entienden que la actuación no respeta el entorno natural y se ha continuado con las descargas de tierra y escombros a pesar de que las obras fueron paralizadas por la Consellería de Medio Ambiente que, en octubre de 2006, abrió un expediente sancionador por una falta "menos grave", cuya sanción máxima apenas supera los 30.000 euros.

El informe sobre el caso, que consta de cerca de 3.000 páginas, recoge las resoluciones favorables emitidas desde 2004 de Augas de Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Servicio de Montes o del Ministerio de Fomento, lo que llevó a que el Ayuntamiento firmara un acuerdo de colaboración con Medio Ambiente según el cual la consellería se hacía cargo de la ejecución de la obra (presupuestada en 674.205 euros), en tanto la administración local debía poner a su disposición los terrenos afectados, una superficie total de 65.530 metros cuadrados. El acuerdo también quedó en suspenso.

La lista de agravios que presenta Landín es interminable. Asegra que la concentración parcelaria en Barro "está paralizada desde hace 2 años". Y culpa de esa decisión al BNG, que gobierna la Consellería de Medio Rural, y al que acusa de estar en contra de la redistribución de tierras. "Quieren la Galicia profunda y rural de siempre, prefieren que 4 señoritos sigan mandando", sentencia.