El Estado ha aportado 113 millones adicionales a la Generalitat para desarrollar la LOE

Las inversiones del Estado para financiar la implantación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) en la Comunidad Valenciana ascienden a 113,31 millones de euros, según el gráfico distribuido ayer por el Ministerio de Educación sobre las aportaciones adicionales a la Generalitat en los últimos dos ejercicios y medio. Aunque la ley entró en vigor el 24 de mayo de 2006, desde mediados de 2005 el ministerio y el Consell firmaron dos convenios por 2,9 millones y otros ocho en 2006 por 38,1 millones para "ir anticipando las medidas contempladas en la LOE". En 2007, el Estado ha presupuestado 714 millones, de los cuales 72 son para Valencia.

El gráfico recoge las inversiones por programas y anualidades (como el PROA de apoyo para primaria y secundaria; el PALE de aprendizaje de lenguas extranjeras; el de apoyo a la FP; integración de inmigrantes; bibliotecas o financiación libros y material escolar, entre otros) en un intento por "aclarar" las críticas del Ejecutivo valenciano del PP que culpa al Gobierno socialista de "escatimar inversiones".

La ministra anuncia que el Observatorio para la Convivencia está en tramitación

De hecho, el año pasado la Consejería de Educación llegó a cifrar las inversiones del Estado en unos 25 millones, pese a que ya había firmado con el ministerio los 10 convenios citados por un total de 40 millones.

La puntualización del Gobierno ayer cobra, además, importancia en la medida en que las inversiones del Estado en forma de "convenios" con las autonomías deben consignarse como "partidas finalistas" y, por tanto, completarse en el Presupuesto de la Generalitat con la cuota autonómica complementaria equivalente al 40% del total del programa. Algo que, según la oposición, no ha ocurrido en todos los convenios citados.

La ministra Mercedes Cabrera consciente de que la batalla política atraviesa de lleno a la educación -debido a que las comunidades gobernadas por el PP rechazan la LOE y han pactado "un modelo común de aplicación"- trató de quitar hierro al asunto y calificó de "legal" el retraso anunciado por los consejeros del PP para que la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía no se imparta hasta el dentro de dos cursos. Cabrera, sin embargo, consideró que esta maniobra responde simplemente a una "opción política", pero que "restringe la capacidad de cada autonomía para completar el desarrollo curricular propio que le otorga la ley".

La ministra Cabrera rechazó de plano el argumento de los populares de que "la LOE hace peligrar la existencia de una educación común" y aventuró que -más allá de las disputas verbales- el ministerio ha negociado con las comunidades autónomas el Observatorio para la Convivencia Escolar, que "está en tramitación", y en la última Conferencia de Presidentes autonómicos todo el paquete de grandes infraestructuras científicas presentado ayer.