¿Nueva oportunidad?

Muchos son los datos relevantes que podrían mencionarse en torno a los acontecimientos previos al atentado del pasado 30 de diciembre. El más importante, sin embargo, es éste: a lo largo del proceso, como antes en el debate del Estatuto de Cataluña, ha quedado clara la apuesta por el actual modelo constitucional por parte del Gobierno de España y del PSOE. Ésta, precisamente, ha sido la principal circunstancia alegada por los que optaron por la vía de las bombas para tratar de justificar su actuación.

Varias son las implicaciones de la posición socialista para la Euskadi actual y de los próximos años. En primer lugar, ninguno de los partidos mayoritarios en España, y tampoco el PSOE, va a aceptar una negociación para el reconocimiento del derecho a decidir en los términos clásicos de la descolonización; esto es, autorizando un referéndum en el que la población del territorio decida por mayoría su futuro estatus político al margen de cualquier otro tipo de condicionante. No hay por qué rasgarse las vestiduras ante esta posición: las sociedades democráticas se constituyen sobre grandes consensos y no sobre la voluntad de mayorías exiguas. Por esa razón, en una sociedad no colonial el debate sobre la autodeterminación se centra sobre todo en cómo ajustar los procedimientos de reforma constitucional de manera que aquellos acuerdos amplios en que pueda fundamentarse el desarrollo de una comunidad política subestatal no queden ni relegados al olvido ni desvirtuados sin negociación por la mayoría política en el Estado. Cuando las propuestas de reforma vengan avaladas por una mayoría política que resulte inequívoca, resulta conveniente asumir el principio de obligación de negociar. Lo que exige abordar, a su vez, cuestiones como qué debe entenderse como mayorías inequívocas -en función o no del contenido de las reformas propuestas-, en qué situaciones puede recurrirse a algún tipo de consulta para fundamentar estas mayorías, qué pasos concretos deben darse para avanzar en la negociación de la posible reforma, etc.

Imaz y Zapatero se enfrentarán a la dificultad de llevar a buen término sus posibles compromisos sin el apoyo de terceros

En segundo lugar, resulta obvio que ninguno de estos partidos va a defender la incorporación de Navarra a Euskadi -o la creación de una nueva Euskal Herria- al margen de la Constitución. En una situación en la que el nacionalismo carece de mayoría para impulsar un proceso de integración, a lo que éste puede aspirar -además de a normalizar las relaciones entre gobiernos- es a eliminar aquellas barreras que limitan el ámbito de la cooperación entre comunidades autónomas, por ejemplo la prohibición de federación entre ellas. Otro posible e importante objetivo podría consistir en concretar y ampliar constitucionalmente los derechos lingüísticos y culturales de la población que, además de navarra, se considera vasca en esa comunidad autónoma.

Parece incluso evidente que, al margen de un gran acuerdo constitucional, difícilmente podrá avanzarse en una dirección algo más compleja que en el tipo de modificación estatutaria que, a modo de paradigma para el cambio, adelantó en su día la reforma catalana. Aunque la referencia de partida es de un nivel de autonomía más amplio en Euskadi, resultando por tanto las posibilidades de cesión competencial algo mayores, es improbable que puedan surgir grandes diferencias cualitativas de un proceso estatutario clásico. La experiencia catalana muestra los límites de los cambios en la dimensión social, además de poner de manifiesto que la apelación a los derechos históricos no sirve para impulsar una transformación sustancial del modelo autonómico sino a lo sumo para facilitar, no necesariamente desde una perspectiva progresista, un determinado modo de entender la cultura a promover en el territorio.

En realidad, lo que ha hecho posible el fracaso del proceso emprendido por el Gobierno Zapatero ha sido la ausencia de un acuerdo previo de mínimos sobre estas cuestiones entre las principales fuerzas del espectro político vasco y español. En Irlanda del Norte, la renuncia del IRA a la violencia fue consecuencia directa del éxito de los Gobiernos de Irlanda y del Reino Unido en consolidar unas bases políticas comunes para orientar los pasos a desarrollar en el proceso de solución del conflicto. Este hecho es tanto más significativo como que esas bases eran en gran medida contradictorias con las reivindicaciones nacionalistas. En este sentido, el punto de partida del acuerdo fue la aceptación de la posición histórica del Reino Unido, según la cual Irlanda del Norte nunca dejaría de ser británica a menos que el pueblo de ese territorio así lo decidiera.

En estos momentos, sólo existe una perspectiva de mayoría parlamentaria en la que poder sustentar unos principios mínimos para el cambio tanto en España como en Euskadi, la que podría derivarse de un acuerdo entre los grupos que dirigen Imaz y Zapatero. Fracasado el modelo de negociación para la pacificación que se derivó de la aprobación de la resolución del Congreso de 2005, sólo ellos pueden relanzar sobre nuevas bases una solución política al problema vasco. Para avanzar en el camino de los acuerdos, Imaz y Zapatero se enfrentarán sin duda a la dificultad de llevar a buen término sus posibles compromisos sin la colaboración de terceros. Cualquier propuesta de cambio que vaya más allá de un ajuste estatutario a la catalana, exigiendo por tanto algún tipo de reforma constitucional, requerirá por ejemplo del apoyo del Partido Popular. Al mismo tiempo, los avances en este sentido deberían permitir introducir una perspectiva de integración política del mundo de la izquierda abertzale. Hacer confluir a este conjunto de fuerzas en una misma dirección resultará probablemente difícil, incluso quizás imposible, algo que sólo nos revelará el tiempo. Pero lo que hoy parece seguro es que nada podrá hacerse sin un compromiso previo entre PNV, PSE y PSOE, junto a sus actuales aliados políticos, que establezca los principios sobre los que avanzar en el diálogo con el resto de los partidos.

Respecto al desarrollo de estos principios, convendría asumir que la apuesta del nacionalismo por un nuevo modelo de relación política con España, basada en el principio del derecho a decidir, no parece una opción pasajera. El nacionalismo, al mismo tiempo, tendría que ser coherente con su aceptación de la imposibilidad de plantear una salida que, en la perspectiva de las actuales generaciones políticas, implique una ruptura completa con el Estado. La solución pasa por tanto por diseñar un modelo de ajuste de la Constitución que permita incorporar los acuerdos que reflejen la voluntad inequívoca de una comunidad política vasca cohesionada e integrada y, al mismo tiempo, por consensuar un modelo claro de competencias que garantice una actuación propia, y no residual, del Estado común. Un trabajo de acercamiento respecto a esta última cuestión, asumida por el Partido Popular como uno de los ejes centrales de su estrategia para la reforma constitucional, contribuiría sin duda a rebajar la tensión.

Aunque pueda cundir el pesimismo tras el reciente debate en el Congreso de los Diputados, hay algún motivo para la esperanza. Uno de ellos es que la apuesta del Gobierno por el diálogo sitúa al nacionalismo en condiciones de plantear nuevas propuestas para una salida política para Euskadi y para España. Imaz y los demás dirigentes de los partidos nacionalistas vascos tienen una nueva oportunidad. En sus manos está no desaprovecharla.

Luis Sanzo es sociólogo.