Medio Rural niega las presiones al personal contraincendios

El conflicto entre Comisións Obreras y la Consellería de Medio Rural por la situación del personal laboral del servicio contraincendios sube de tono. El sindicato insiste en su denuncia -que presentará por vía judicial- de amenazas y coacciones a los trabajadores que se niegan a aceptar el acuerdo suscrito entre el gabinete de la Xunta y las demás centrales sindicales, y ve en este comportamiento una estrategia para privatizar este servicio público a través de la empresa de Servicios Agrarios Galegos. El departamento autonómico responde, por su parte, que en las cartas enviadas a estos efectivos se limitó a realizar una "labor informativa" para saber con cuánto personal contará a partir del 5 de febrero para iniciar las labores de prevención de los fuegos.

CC OO considera que ha habido "mala fe negociadora" y discriminación sindical y laboral "en la aplicación torticera del preacuerdo de condiciones de trabajo del personal" del servicio contraincendios. "El preacuerdo fue firmado por la CIG y por UGT, con el rechazo de la mayoría de los trabajadores de este servicio", advierte Benjamín Vences, coordinador de Medio Rural en Comisións, que se ratifica en su denuncia contra la consellería por "amenazar por escrito a los trabajadores, infundiéndoles el temor de que si no hacen lo que les manda, sufrirán las consecuencias en forma de discriminación laboral y salarial".

La consellería desmiente "cualquier tipo de presión" a los trabajadores y asegura que se limitó "única y exclusivamente a conocer la disposición de este grupo de trabajadores a acogerse al acuerdo firmado por UGT y CIG". Según Medio Rural, "esta acción responde a una necesidad de tipo operativo del servicio de incendios, ya que es preciso conocer el número de efectivos que van a acogerse o no, libremente y por decisión propia, al nuevo convenio para poder planificar las labores".

Creación de "chiringuitos"

El departamento que dirige el nacionalista Alfredo Suárez Canal recuerda que el nuevo convenio, que sólo firmaron UGT y CIG, establece que los trabajadores han de ser contratados durante nueve meses ininterrumpidos, frente a los seis del acuerdo anterior. Desde CC OO, Benjamín Vences sostiene que la consellería, premeditadamente, no ha sometido el preacuerdo a la consideración de la mesa negociadora "obviando todos los requisitos de publicidad, consentimiento y respeto a la negociación colectiva que tienen los sindicatos".

Para el sindicato, esta actuación es "impropia de quien se autodenomina progresista" y se encuadra en la "contradictoria estrategia política de la creación de chiringuitos (Ingacal, Instituto de la Carne, Empresa de Servicios Agrarios...) que sólo engordan la administración paralela, exenta de control público y proclive a los fines clientelares que el BNG antes tanto criticaba", sostiene Benjamín Vences.