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Caride y Porro pactan resolver antes de mayo el plan urbanístico de Vigo

El Ayuntamiento tiene 45 días de plazo para realizar las correcciones que exige la Xunta

La conselleira de Política Territorial, María José Caride y la alcaldesa de Vigo, Corina Porro, pactaron ayer un plan de trabajo para que la mayor ciudad de Galicia pueda aprobar su Plan Xeral de Ordenación Municipal antes de las elecciones de mayo. El gobierno municipal prometió corregir en un plazo de un mes y medio el documento atendiendo las peticiones de la Xunta. A cambio, Caride prometió resolver el expediente en 30 días. Las dos administraciones constituirán una comisión para evaluar semanalmente las correciones en el documento inicial.

La conselleira de Política Territorial y la alcaldesa de Vigo aparcaron ayer sus diferencias sobre el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para comprometerse en una carrera contrarreloj -con un plazo de dos meses y medio- y conseguir que la mayor ciudad de Galicia apruebe su planeamiento urbanístico antes de las elecciones municipales. Durante una hora de reunión en la Xunta las dos administraciones se pusieron mutuamente deberes.

Corina Porro asumió la corrección, en menos de mes y medio, de las "importantes deficiencias" que la Dirección Xeral de Urbanismo había señalado en el documento enviado por el Ayuntamiento de Vigo. A cambio la conselleira de Política Territorial, Mariá José Caride, prometió resolver el expediente en menos de un mes.

Si el Gobierno local de Vigo consigue adecuar su documento a las exigencias de Política Territorial antes de mediados de marzo -y lo aprueba inicialmente en el Pleno- y la Xunta cumple su plazo, el planeamiento urbanístico que se comenzó a redactar hace ahora siete años podría quedar definitivamente aprobado en abril, antes de las elecciones municipales del 27 de mayo, tal y como pretende la alcaldesa y candidata a la reelección por el PP.

Para conseguirlo Corina Porro pidió ayer un esfuerzo más a los redactores del plan y a los técnicos municipales para que trabajen "mañana, tarde y noche si es necesario para llevar a pleno el documento modificado en menos de 45 días". La conselleira, María José Caride, se comprometió a agilizar los trámites para responder en un mes sin agotar el plazo legal de 90 días: "Si el concello hace el trabajo que debe hacer, solventa los problemas que detalla nuestro informe, nos comprometemos a contestar en un plazo corto de tiempo; de los tres meses que tenemos para resolver, hacerlo en un mes".

El acuerdo no implica necesariamente que Política Territorial vaya a aprobar cualquier propuesta que le envíe el consistorio vigués, ya que según el artículo 95 de la Lei do solo el departamento de Caride puede dar luz verde al documento pero también rechazarlo o devolverlo de nuevo al gobierno municipal.

Caride y Porro pactaron también la metodología de trabajo para las próximas semanas. Las dos administraciones crearán una comisión integrada por los técnicos municipales y de la Xunta, que celebrará reuniones cada semana para realizar un seguimiento de las correcciones .que los arquitectos del ayuntamiento vayan introduciendo.

A la salida del encuentro en San Caetano, la regidora se mostró "satisfecha por encontrar soluciones a un plan que, si no se aprueba con rapidez, puede ser un gran problema para la ciudad de Vigo". En la rueda de prensa conjunta María José Caride constató que la oferta de Corina Porro "es el camino correcto", porque "Vigo se merece un plan que garantice la seguridad jurídica y los servicios a los ciudadanos, un plan que trate a los iguales como iguales".

El cruce de acusaciones del pasado viernes, cuando la Dirección Xeral de Urbanismo decidió rechazar el plan, se tornó ayer en buenas palabras. Corina Porro se ofreció a colaborar "al cien por cien con la consellería para que su resolución sea en la dirección que creemos que debe ser". En la rueda de prensa conjunta María José Caride se felicitaba: "Es una buena noticia que todos nos pongamos a trabajar codo con codo para sacar adelante este plan general y que los vigueses cuenten con un plan general seguro cuanto antes".

Aunque las dos políticas pasaron ayer de puntillas sobre las descalificaciones de la semana pasada, cuando Porro acusó a la conselleira de rechazar el plan "por razones políticas y con mala fe" el PXOM de Vigo, la comparecencia evidenció que el enfrentamiento político entre el ayuntamiento de Vigo y Política Territorial no ha terminado. Así lo dejó entrever Porro: "Se van a remitir a la consellería los cambios que quiere la consellería, independientemente de otro tipo de discusiones en las que estemos más o menos de acuerdo. No vamos a entrar ahí, vamos a hacer los cambios que la consellería pide". La conselleria zanjó la cuestión: "Si el concello hace todo ese trabajo, si introduce todos los cambios, la Xunta aprobará el PXOM como no puede ser de otra forma".

Seis semanas para olvidar 7 años

El equipo redactor del Plan Xeral de Vigo dispone de seis semanas para adaptar el documento a las exigencias planteadas el viernes por la Dirección Xeral de Urbanismo. Concluirían así siete años de trámite para que la mayor ciudad de Galicia apruebe las líneas maestras de su urbanismo para la próxima década.

Las principales modificaciones que deberán afrontar los arquitectos municipales en el próximo mes y medio tienen que ver con la propuesta de extensión de la ciudad, que los técnicos de la Xunta consideran "desmesurada e insostenible". El documento preveía el desarrollo de 26,3 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable, una extensión que según Política Territorial supera "las capacidades residenciales que se pueden considerar como necesarias".

El rotulador rojo de los técnicos de la Xunta vetó extensiones de terreno, porque el planeamiento preveía demasiadas urbanizaciones en los bordes de la ciudad. El informe de 25 páginas que ahora servirá de guía para modificar el planeamiento echaba en falta también servicios básicos para los futuros habitantes. También criticó que el diseño atribuyese distintas clasificaciones a suelos con idénticas características. Todo eso es lo que el Ayuntamiento deberá resolver en los próximos 45 días para conseguir que el nuevo PXOM pueda ser aprobado por la Xunta antes de las elecciones municipales del mes de mayo.

Además de servir como baza electoral a la alcaldesa, que optará a la reelección el 27 de mayo, el planeamiento podría servir también para que el Gobierno local pueda solucionar uno de sus principales problemas: las continuadas órdenes de derribo que distintos juzgados han dictado contra una decena de edificios. Con el nuevo PXOM Corina Porro intenta legalizar más de 1.000 viviendas ilegales sobre las que pende la amenaza de la piqueta antes de que venzan los plazos.

Lo contrario supondría demoler algunos bloques de viviendas situados en las zonas más caras de la ciudad. E indemnizar a sus propietarios, lo que supondría un grave riesgo para las arcas municipales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 24 de enero de 2007

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