El juez suspende la vista del caso contra directivos de Abengoa

El juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez decidió ayer suspender el juicio oral contra el presidente de Abengoa, Felipe Benjumea, el consejero delegado, Francisco Benjumea, y otros cuatro directivos de la compañía por un supuesto delito de administración desleal en la compraventa del 3,7% de la operadora de telefonía móvil Xfera por 25 millones en 2002. La suspensión se mantendrá hasta que el juez resuelva las cuestiones previas expuestas por la defensa.

Los abogados solicitaron el sobreseimiento libre de la causa al considerar que el ministerio fiscal "carece de legitimidad en un delito societario", al no existir "una acusación por parte de perjudicados" y que las decisiones tomadas por los directivos de Abengoa no afectaban a los "intereses generales" por no verse perjudicados "los intereses económicos de grandes sectores de la sociedad". Los letrados alegaron que los 25 millones de la operación "no tenían relevancia para Abengoa y mucho menos para la economía en general".

El Código Penal establece que los delitos societarios "sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada", pero que no será precisa esa denuncia "cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas".

Socios minoritarios

El fiscal recordó que durante toda la instrucción "se ha admitido la legitimidad del ministerio fiscal" en el caso y que entre los intereses generales "cabe la protección del mercado bursátil". Y argumentó que los seis imputados tomaron decisiones que afectaban a los intereses de los "más de 6.000 socios minoritarios" de Abengoa, que serían los perjudicados.

La causa analiza la compra en 2002 del 3,72% de Xfera por parte de Abengoa a Inversión Corporativa, sociedad controlada por familiares de consejeros de la propia Abengoa por 25 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción solicita tres años de cárcel para los ejecutivos de Abengoa Felipe Benjumea, Francisco Javier Benjumea, José Luis Aya y José Joaquín Abaurre por un delito de administración desleal, así como dos años de cárcel y una multa de 25 millones de euros por responsabilidad civil al director jurídico de Abengoa, Miguel Ángel Jiménez, y al presidente de la filial Telvent, Manuel Sánchez Ortega, al considerarles colaboradores necesarios.

La defensa sostiene que un contrato de indemnidad cubre a Abengoa de cualquier posible pérdida y que la operación fue sometida a consulta en la última junta general de accionistas y no ha sido impugnada por ningún accionista de la empresa.