Deudas incontroladas

Una parte del mercado del crédito a los particulares amenaza con convertirse en un foco de riesgo para el sistema financiero. Las llamadas gestoras de créditos, o financieras que se encargan de unificar y refinanciar los créditos que la banca se niega a renovar por razón de impago o por elevada concentración del préstamo sobre los ingresos, carecen por ahora de una regulación firme y clara que determine sus obligaciones de información, sus deberes para con los clientes y las sanciones que pueden sufrir por incumplimiento. Y, sin embargo, es un hecho que estas gestoras de crédito conceden préstamos a particulares con tipos de interés superiores a los del mercado, a veces con carácter usurario, que actúan como entidades financieras -a pesar de que no captan depósitos- y que compiten con la banca o cajas de ahorros en condiciones de abierta ventaja, puesto que, al no estar sujetas a regulación, pueden ofrecer, por ejemplo, créditos para financiar el 100% de una vivienda. Tanto el Banco de España como el Defensor del Pueblo han advertido sobre este peligroso déficit de legalidad.

El volumen de créditos que intermedian este tipo de gestoras subirá probablemente en el futuro, puesto que la subida del coste del dinero encarecerá los pagos por los préstamos de consumo o hipotecarios y, por tanto, aumentará el número de personas o familias que no puedan hacer frente a la carga de todos sus créditos. Para evitar los riesgos de una situación potencialmente explosiva, un paso lógico es imponer a este tipo de empresas, que ya suman al menos 8.000 establecimientos en toda España, normas que impliquen sistemas de supervisión y control administrativo. El objetivo sería que sus clientes reciban información detallada sobre coste del dinero y los plazos de amortización.

Este tipo de supervisión cuesta dinero; así se explica que el Ministerio de Economía y el Banco de España no muestren entusiasmo en responsabilizarse de ese control. Pero es necesario emprenderlo, para evitar riesgos financieros en cadena y acabar con la falsa sensación de tranquilidad del ciudadano que resuelve su problema inmediato pero a cambio de una prolongación excesiva de plazos e intereses. Al mismo tiempo, bancos y cajas deberían flexibilizar sus condiciones de renovación y prórroga de los préstamos. En ocasiones, los clientes endeudados tienen que recurrir a las firmas de unificación de crédito porque las entidades financieras siguen el procedimiento de cerrar un crédito impagado antes de abrir otro, lo cual implica gastos de transacción elevados. La renovación podría ser una solución razonable.