La Junta acelerará la negociación de la deuda histórica tras el referéndum
El TC rechaza un recurso del Parlamento de 1998 para exigir su pago
El Gobierno andaluz tiene intención de iniciar inmediatamente después del referéndum del 18-F la negociación con el Gobierno central para el cobro de la denominada deuda histórica, incluida en la disposición adicional andaluza del vigente estatuto de autonomía. Así lo confirmó ayer, el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, despues de conocer el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que desestima el recurso del Parlamento andaluz, de 1998, exigiendo la consignación de esa partida en el Presupuesto General del Estado de aquel año.
Gaspar Zarrías dijo ayer: "Esta sentencia no influye para nada en el texto del Estatuto de Autonomía de Andalucía (el nuevo) que recoge claramente en su disposición adicional segunda la deuda histórica y no sólo lo recoge con mayor exactitud sino que establece una serie de procedimientos y plazos para su cuantificación y posterior abono. Es, por lo tanto, el momento en el que nos encontramos. Es intención del Gobierno de Andalucía que nada más concluya el referéndum, el próximo 18 de febrero, establecer las relaciones con el Gobierno para sentarnos y analizar esa disposición para poner en marcha el mecanismo con el que podamos llegar a un acuerdo antes si cabe de los plazos que precisa el Estatuto".
Por su parte, el secretario de Organización del PSOE-A, Luis Pizarro, recordó que el contexto en el que la Cámara elevó al TC el recurso era el del Gobierno de José María Aznar (PP), "que negaba el pan y la sal a Andalucía y había una asfixia económica importante por la que el Parlamento se vio obligado a presentar un recurso, ya que en los presupuestos no se incluía la Disposición Adicional Segunda". Para el dirigente socialista, este hecho demuestra que la redacción del estatuto de Carmona que "estamos reformando era ambigua para un contexto que en Andalucía ha cambiado radicalmente".
Igualmente, el portavoz del Gobierno, Enrique Cervera, reiteró que la sentencia "refuerza la evidencia de que el actual estatuto de autonomía había que reformarlo". Cervera significó no obstante que fallo del TC responde a un recurso del Parlamento y no del Gobierno, que si recurrió y recibió la liquidación de la financiación autonómica por valor de 2.500 millones de euros.
Precisamente, en febrero pasado, la mayoría absoluta del PSOE rechazó ayer una iniciativa de IU, apoyada por PP y PA, para que el Parlamento recurriea ante el Tribunal Constitucional los Presupuestos Generales de 2006 por no incluir la deuda histórica.
Negociación bilateral
Por su parte, el presidente del PP-A, Javier Arenas, calificó ayer de "varapalo importante para la Junta de Andalucía" el rechazo por parte del Tribunal Constitucional (TC) al recurso del Parlamento andaluz contra el impago de la deuda histórica, pero añadió que hay que seguir exigiéndola porque "la regulación del nuevo Estatuto lo permite". Arenas señaló que lo que ha venido a decir el TC a la Junta es "un solemne rechazo a la confrontación diaria que mantuvo la Junta de Andalucía con los gobiernos del PP; la confrontación por la confrontación", especificó. Sin embargo, dijo que a partir de ahora hay que "seguir exigiendo la deuda histórica porque la regulación del nuevo Estatuto nos lo permite".
De este modo, Arenas manifestó que "el pago a Andalucía es una cuestión de voluntad política" del presidente de la Junta, Manuel Chaves, y del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero. A su juicio, la decisión del TC lo que dice "es que se puede pagar la deuda histórica siempre que sea en un acuerdo del Gobierno andaluz y de España, que si hay voluntad política se puede cobrar".
Desde IU, su coordinador, Diego Valderas, destacó que, pese a la desestimación del recurso del Parlamento andaluz sobre la deuda histórica, es un asunto resuelto en el nuevo Estatuto de Autonomía, que "obliga a la negociación bilateral para concretar su cuantía y temporalidad". En declaraciones a Efe, Valderas restó importancia a la desestimación del recurso en el Tribunal Constitucional, pues a su juicio la sentencia "emplaza a los Gobiernos a la negociación y al de España a que tenga el celo que no han desarrollado en los años de democracia" respecto a la deuda histórica.
Valderas Destacó que el anterior Estatuto no cuantificaba ni fijaba plazos para el pago de la deuda histórica y por eso ahora la coalición "se encuentra tremendamente satisfecha de haber arrancado a los socialistas una concreción y temporalidad".
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