Derribos modestos

Nadie advirtió a Marcela de que la finca por la que iba a pagar cerca de 6.000 euros en Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) no era urbanizable. Eligió aquella parcela de mil metros cuadrados para invertir el dinero que le había dado su padre porque estaba al alcance de su bolsillo y en un entorno agradable, repleto de encinas. En estos dos años, la familia construyó unas modestas dependencias, una minúscula piscina y un huerto donde plantaban pimientos y tomates. "Por nada del mundo lo hubiera comprado si yo hubiera sabido que no era legal", señala Marcela, casi con espanto. "Pero como iba a pensarlo si aquello está lleno de chalets", precisa.

Y es cierto. La urbanización de Las Minas, donde se ubica la finca de Marcela, se compone de centenares de construcciones y cercados de estilo heterogéneo, según el gusto y el poder adquisitivo del propietario, que en buena parte se han erigido sobre suelo no urbano durante los últimos 40 años. La humilde obra de Marcela será la primera en venirse abajo, aunque otro centenar de casas están pendientes de una resolución judicial tras las querellas presentadas por la fiscal Ana Linares.

La Fiscalía denunció a unos cien vecinos por obrar en Las Minas en suelo no urbanizable

Ni las dimensiones de la urbanización ni las irregularidades están claras para el alcalde de Castilblanco de los Arroyos, Manuel Ruiz Lucas (Nueva Izquierda), que calcula que Las Minas ocupa entre 200 y 400 hectáreas a pocos kilómetros del casco urbano. "Una parte de las parcelas son urbanas desde 1985", precisa. En 2000, cuando se tramitó una revisión del plan urbanístico, se propuso la declaración de Las Minas como suelo urbanizable, pero la lentitud del proceso y las reformas legales dejaron las cosas como estaban.

El regidor admite que en el último lustro ha habido "un crecimiento de las construcciones ilegales" en Las Minas, pero defiende el papel activo del Ayuntamiento ante ellas. Algo que no comparte la fiscal Ana Linares, que ha presentado una querella contra el regidor por prevaricación por entender que no ha perseguido las irregularidades a sabiendas de que se cometían. Ruiz Lucas se indigna porque considera que, de las 1.200 urbanizaciones ilegales censadas en Andalucía por el Defensor del Pueblo andaluz, "ésta es la más se ha tratado de controlar" y recuerda que ha firmado entre 150 y 200 decretos de paralización de obras por falta de licencia. "Pido que se aplique la misma justicia para todos, si hay 42 municipios con urbanizaciones como Las Minas, ¿por qué no hay 42 alcaldes imputados?", censura.

Desde octubre de 2005, la Fiscalía ha presentado un centenar de querellas contra propietarios de construcciones ilegales de Las Minas. La primera querella con sentencia es la de Marcela, que pactó su propia condena: tres meses para derribar su obra, seis meses de prisión y una fianza de unos 6.000 euros. "Sienta un precedente porque es la primera condena que hay en Sevilla con demolición de una edificación ilegal en suelo no urbanizable común, hasta ahora los jueces eran muy reacios", esgrime la fiscal.

Un caso similar se da en Zahora, una pedanía entre Caños de Meca (Barbate, Cádiz) y la playa de El Palmar (Vejer), donde una mujer tendrá que derribar una construcción de 1999 por orden de la Audiencia Provincial de Cádiz en una sentencia pionera que también ha condenado a la dueña a pagar una indemnización de casi 4.000 euros y a un año de cárcel.

La dueña de la choza sentenciada no quiere aparecer en las fotos. Tampoco que se publique su nombre. Teme que le perjudique en su caso, aunque su condena es ya firme. Junto a otros cinco amigos decidió comprar una parcela. Quien se la vendió le admitió que tendrían que construir sin licencia pero también le anunció un futuro cambio en el planeamiento que le permitiría regularizar su situación. Un plan que, en estos momentos, pactan Ayuntamiento y vecinos. Así levantaron Burundi, seis chozas apenas separadas por cercos de enredaderas donde han pasado siete años de veranos y fines de semana tranquilos.

El Ayuntamiento abrió expediente y en 2001 la Fiscalía denunció. La dueña de la choza sentenciada fue la primera en recibir el fallo. El juzgado de lo penal número 5 la absolvió, el fiscal recurrió y ahora ha sido la Audiencia Provincial, en una sentencia sin precedentes, la que la condena por un delito contra la ordenación del territorio. Para ella y su abogado, esta sentencia es una "barbaridad", ya que no ven justificación en la aplicación del artículo 319 del Código Penal para unas construcciones que no están en suelo protegido, sino en terrenos no urbanizables comunes, que además serán regularizados en el futuro plan de Zahora, junto con el resto de 800 viviendas. "Es ilógico demoler si luego puedo construir", asegura la dueña. En cambio, para el fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, esta decisión supone un salto cualitativo en la lucha contra el urbanismo irregular en Cádiz.

El juez de la Audiencia sostiene su condena en que si no se ordena el derribo se crearía un "efecto llamada". Pero la difusión de esta condena no ha evitado que siga construyéndose en Zahora. Justo a la derecha de Burundi, un solar se prepara para acoger una nueva edificación. Enfrente acaban de ser talados varios eucaliptos con similar fin. A la izquierda, un enorme chalet se erige orgulloso con varias alturas por encima de la choza condenada. El alcalde de Barbate, Juan Manuel de Jesús (PP), dice que no tiene medios para controlar todo lo que se construye.