La difícil expatriación de los ejecutivos

Las grandes empresas españolas se han convertido en multinacionales y ni la sociedad ni la Administración parecen haberse dado cuenta. Quince de las mayores tienen ya 2.200 ejecutivos viviendo en el extranjero, una situación que, debido a las disfunciones legales y administrativas, les genera costes financieros, problemas de gestión y el rechazo de muchos a trasladarse al exterior.

Las empresas españolas se quejan del complejo sistema para certificar el cambio de residencia fiscal de sus ejecutivos en otros países

BBVA logra con frecuencia exenciones al amparo de convenios bilaterales para que sus empleados coticen a la Seguridad Social española

Para instar a la Administración a que solucione estos problemas (fiscales y de Seguridad Social en especial), 17 de estas grandes empresas con fuerte presencia internacional han creado el Foro Español de la Expatriación (FEEX). "Se trata de problemas", opina Antonio Huertas Mejías, director general de Mapfre Mutualidad, "resueltos hace mucho en EE UU, Reino Unido o Alemania, pero que en España son relativamente nuevos". La cuestión, dice, "es que, de no resolverse, seguirán mermando la disponibilidad de los ejecutivos españoles para trasladarse al extranjero (fuera de la UE) por largos periodos de tiempo".

Huertas cita como ejemplo los temas fiscales, relacionados con la vivienda. "Tienes un piso", comenta, "y al trasladarte y pasar a declarar en otro país pierdes las deducciones por compra de vivienda". Pero igual les pasa a los que tienen planes de pensiones y se ven abocados a la pérdida de las deducciones por estos instrumentos.

Las empresas se quejan también del sistema para certificar el cambio de residencia fiscal de los expatriados. No les resulta nada fácil, por extraño que parezca, demostrar que el ejecutivo se ha trasladado al extranjero. "Te piden", explica Miguel Rodríguez, de Indra, empresa integrada en FEEX, con 58 ejecutivos expatriados, "el certificado de residencia fiscal emitido por la Administración del país de destino. Algo muy difícil pues hay países que tardan años en dártelo. Mientras, ¿qué haces cuando viene una inspección?". "En algunos casos nos hemos visto obligados a declarar y pagar en dos sitios, para no tener problemas", dice Gerardo Cavia, responsable de Recursos Humanos de Iberdrola Ingeniería, una empresa que tiene unos 200 ejecutivos y profesionales en el extranjero.

Otro tema que enfría la ilusión de los posibles expatriados es el de la Seguridad Social. "Les preocupa", comentan en el BBVA, miembro del FEEX, "la obligación de cotizar en el país de destino pues eso puede suponerles una contingencia futura en el cobro de sus pensiones y afectarles, por ejemplo, su cómputo".

"En la mayoría de los casos", añaden en el BBVA, "conseguimos una exención por la aplicación de convenios bilaterales para que el empleado siga cotizando a la Seguridad Social española, que vamos prorrogando hasta que nos lo permiten". Pero después habrá que empezar a cotizar ahí. Para sortear estas dificultades, las empresas han buscado soluciones para evitar que el ejecutivo cotice a la Seguridad Social del país de destino. Javier Landeras, un ejecutivo que trabajó 20 años en Asia para entidades financieras españolas, explica que "yo no tuve problemas porque me pagaban parte del sueldo allí y parte en España, de modo que pude seguir cotizando en España". Esta posibilidad, no siempre factible, depende del país de destino y de los posibles convenios bilaterales.

Mayores costes

Esta cascada de situaciones sin resolver preocupa a las grandes empresas, con centenares de ejecutivos expatriados (más de nueve meses fuera) como Repsol (con 570), el BBVA (con 236) o Telefónica (con 232). "Aumenta la carga de trabajo en Recursos Humanos", explica Rodríguez, de Indra, "y, lo que es peor, genera confusión y dudas de interpretación con las administraciones". Y eleva los costes de unos empleados, los expatriados, que, según este responsable, "vienen a costar ya, en condiciones normales, el doble de lo que costarían en España". Además del sueldo, estos ejecutivos cobran una prima de expatriación y ayudas para vivienda, mudanza o colegios de los hijos.

Aun así, no son los costes lo que más les preocupa, sino que se creen condiciones que permitan la expatriación de estos ejecutivos sin que pierdan sus beneficios". "Nos interesa", dicen en el BBVA, "que la gente se marche motivada y no preocupada con problemas de tipo administrativo". Esto es lo que explica que el FEEX haya planteado una serie de peticiones a la Administración que faciliten la internacionalización de nuestras empresas.

Algunas de estas peticiones tratan de agilizar los trámites, actualmente muy engorrosos. Es el caso de la prueba de la residencia en el país de destino para la que el FEEX propone que se reconozca automáticamente "la fecha de presentación de la declaración de cambio de residencia fiscal por destino en el extranjero". "Debería ser suficiente", apuntan en el BBVA, "demostrar que el ejecutivo se ha trasladado a otro país con documentos como el certificado consular de residencia o el contrato de trabajo local".

El Foro ha solicitado, asimismo, la posibilidad de que los ejecutivos puedan recuperar las deducciones y desgravaciones perdidas durante su estancia en el extranjero. O que en el caso de transmisión de la vivienda "las plusvalías queden exentas si se reinvierten en otra en el plazo de dos años atrás el retorno". El FEEX considera también importante crear algún tipo de ventanilla para solucionar las cuestiones fiscales y de Seguridad Social de estos ejecutivos.

A las empresas, estas disfunciones pueden llegar a frenar sus inversiones en el exterior. "En el mundo de hoy", prosigue Cavia, de Iberdrola, "se necesita inmediatez para poner en marcha un proyecto, que tiene un plazo y acarrea penalizaciones en caso de retraso". La creciente dificultad para encontrar profesionales preparados sólo viene a agravar las dificultades. "Con lo difícil que es conseguir talento, sobre todo para puestos internacionales", dice Ignacio Suárez de Puga, de Spencer Stuart, "es decisivo facilitar el traslado a los interesados y no crearles problemas superfluos". El problema, señala Cavia, "es que, dado que la solución a estos temas ya no está en nuestras manos, la Administración debe tomar cartas en el asunto".