Los Mossos tardaron 45 días en informar al juez de la ocupación ilegal de un piso

El Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona abrió diligencias el pasado 28 de noviembre por la presunta usurpación de un piso en la capital catalana. El propietario del inmueble, Carles Veiret, de 41 años, denunció que no podía acceder a su vivienda porque cuatro personas de origen chileno se habían instalado en ella. La juez ordenó aquel mismo día a los Mossos d'Esquadra la comprobación de los hechos denunciados. Pero la policía autonómica no entregó su informe hasta el pasado 11 de enero. Es decir, un mes y medio después.

La policía justificó el retraso en que la juez tramitó la denuncia por vía ordinaria y no urgente. En este sentido, el consejero de Interior del Gobierno catalán, Joan Saura, anunció ayer una revisión de las prácticas judiciales de los Mossos para que éstos puedan actuar en 24 horas en casos que se consideren especialmente apremiantes por su evidencia. El consejero pretende crear un sistema de doble revisión de las diligencias sociales. Además de los casos que la ley especifica como urgentes, en este sistema se introducirán criterios propios de clasificación.

El mismo 28 de noviembre, Veiret presentó al juzgado la denuncia, acompañada por copias de documentos del registro civil que lo acreditaban como propietario del domicilio. Hace unos días, y en vista de que no conseguía recuperar su piso, Veiret decidió explicar su problema a los medios de comunicación. Denunció que, a pesar de todas las pruebas presentadas, la Administración fuese incapaz de actuar de manera rápida y eficaz ante un caso tan evidente.

Alquiler verbal

El vecino afectado por la usurpación aseguró que ha tenido que ir a vivir a casa de un amigo en la localidad cercana de Santa Coloma de Gramenet. Los ocupantes habían cambiado la cerradura, de modo que Veiret no tenía posibilidad de acceder al interior del piso, que había heredado de su familia, y está ubicado en la calle Urgell, en pleno Ensanche barcelonés.

Los Mossos d'Esquadra identificaron a los cuatro inquilinos ilegales y les imputaron un delito de ocupación ilegal y otro de usurpación de fluido eléctrico y agua. Pero los ocupantes chilenos se defendieron asegurando que tienen un contrato de alquiler verbal con una tercera persona, una mujer que se presenta cada mes para cobrar. También insistieron en que fueron estafados por la mujer, ya que desconocían que Veiret es el propietario del piso. Un extremo que será comprobado por la juez que instruye el caso. Los ocupantes, además, decidieron interponer una denuncia porque consideran que la abrumadora presencia de medios de comunicación durante los últimos días ha supuesto una violación de su intimidad.

Este lunes, la juez tomará declaración al dueño de la vivienda, y el jueves serán interrogados los ocupantes del piso.