Vergüenza de Europa

No hay problema social más persistente en España que el de los accidentes laborales. Los muertos y heridos en el ámbito laboral siguen marcando una vergonzosa diferencia con los mercados laborales europeos. El año pasado murieron 977 trabajadores, apenas 13 menos que en 2005 y se contabilizaron más de 937.000 bajas debido a este tipo de accidentes, según Comisiones Obreras. Los límites de esta lacra se resumen en una sola comparación: en España hay que sufrir la pérdida de 6,3 muertos por cada 100.000 trabajadores; la media en la Unión Europea es de 4,1 muertos. A pesar de que esta diferencia se conoce y se lamenta desde varios decenios atrás, la pérdida de vidas humanas continúa sin pausa, sin que aparentemente surtan efecto las medidas y regulaciones de seguridad en el trabajo que los Gobiernos de turno escriben en el Boletín Oficial del Estado.

Para corregir una epidemia social de esta magnitud es necesario afrontarla como un problema de Estado. Eso significa que la Administración tiene que poner los recursos financieros y humanos necesarios para asegurarse de que las empresas y los trabajadores cumplen a rajatabla todas las normas de seguridad que figuran en las leyes y reglamentos laborales; y que esa red de supervisión aplicará la ley sin vacilaciones. Un primer paso podría ser la exigencia de nula siniestralidad laboral a las empresas que quieran firmar contratos con el Estado, sea central, estatal o autonómico. No es aceptable, por ejemplo, que en las obras de la M-30 madrileña, convertida durante meses en un laberinto angosto de curvas peligrosas, mueran trabajadores sin que se conozcan responsabilidades por tales muertes.

La pieza fundamental para acabar con la siniestralidad es, por supuesto, la inspección de trabajo. Casi todos los diagnósticos coinciden en que el número de inspectores es ridículamente bajo para un mercado laboral tan amplio, creciente e impregnado de los vicios de la cultura de la chapuza y de la economía negra; también indican al unísono que la preparación de los inspectores es insuficiente. Cuando el Gobierno decida declarar la guerra a la siniestralidad laboral, es decir, tratarla como un problema de Estado, tendrá que aumentar significativamente el número de inspectores y mejorar su preparación. Esa decisión tiene un coste, pero merecerá la pena pagarlo.