El grupo Abusos Urbanísticos No advierte a Bruselas contra la nueva Ley del Suelo

El proyecto de Ley del Suelo del Gobierno perpetuará defectos de la normativa urbanística valenciana y excesos denunciados por miles de propietarios ante las instituciones europeas, según sostiene la organización Abusos Urbanísticos No (AUN) en una carta enviada a la Comisión Europea (CE) y a la Eurocámara. El proyecto "despierta enorme preocupación entre los afectados por los abusos urbanísticos en España" y existe "un riesgo claro de violación grave del derecho de propiedad de los ciudadanos", asegura la misiva al director general de Justicia, Libertad y Seguridad de la CE, Jonathan Faull. La asociación ya trasladó sus críticas a los partidos políticos españoles y al Ejecutivo antes de iniciarse la tramitación parlamentaria.

La entidad recuerda que el Parlamento Europeo censuró los abusos del urbanismo valenciano al amparo de la derogada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), y entre otros aspectos, "los métodos de expropiación, en algunos casos leoninos". Un problema que perdurará en la nueva ley, en contra de las recomendaciones europeas, argumenta la asociación. Además, la ley asume una disposición de la LRAU que establecía que la aprobación definitiva de un programa urbanístico llevara implícita la declaración de utilidad pública a efectos de expropiación de bienes de los propietarios que no aceptaran participar en la urbanización y no quisieran pactar la venta de su suelo. Según AUN, "causa estupor" que la LRAU, "que tuvo que ser derogada en medio del escándalo internacional" por sus efectos sobre el territorio, el medio ambiente y los derechos de los pequeños propietarios "vaya a resucitar ahora" y extenderse.

Valoración

La entidad critica que la ley estatal propone valorar el suelo a expropiar "como si fuera terreno rústico, sin tener en cuenta las expectativas de incremento de valor que se producirán en cuanto dicho suelo sea reclasificado". El Gobierno pretende frenar así la especulación con el suelo no urbanizable con perspectiva de desarrollarse, pero en opinión de AUN castigará "a los pequeños propietarios de terrenos que van a ser sometidos a proyectos de urbanización". Según explicó ayer Enrique Climent, presidente de AUN, cuando se apruebe un PAI (Programa de Actuación Integrada) y un propietario no quiera que se urbanice su terreno se le podrá expropiar a precio de suelo rústico "y no del que marque el mercado". Además, este sistema de valoración permitirá que el agente urbanizador "minusvalore" los terrenos de los pequeños propietarios, un argumento en el que la entidad coincide con la Generalitat.

La asociación denuncia que la ley no define claramente el concepto de "interés público" de los planes urbanísticos y "pretende imponer la declaración implícita de utilidad pública a efectos expropiatorios". "Ello implica que los ayuntamientos ni siquiera tendrán que justificar la causa de utilidad pública", denuncia, lo que de nuevo afectará a los pequeños propietarios.