El TSJ apunta que un artículo de la Ley de Territorio es inconstitucional

Un auto del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, que acaba de establecer que no es posible aprobar ninguna urbanización sin que se haya acreditado que tiene el agua garantizada, considera que uno de los artículos de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, ahora en vigor, podría suscitar una posible cuestión de inconstitucionalidad. Así lo recoge un auto de la sala de lo contencioso que resuelve suspender un plan urbanístico en el pueblo valenciano de Ador, aprobado por la Consejería de Territorio y recurrido por la Confederación Hidrográfica del Júcar.

La sala, en su resolución, interpreta que el artículo 19.2 de la Ley de Ordenación, donde se dice que "...la implantación de usos residenciales ... que impliquen un aumento del consumo de agua, requerirá la previa obtención de un informe del organismo de cuenca o entidad colaboradora autorizada para el suministro...", que la comunidad autónoma, en este caso la Generalitat, no puede legislar sobre "la forma, modo y manera en que el Estado debe ejercer sus competencias ni puede sustituir su intervención mediante una norma autonómica". "Por tanto", continúa el auto, "el informe previo del organismo de cuenca [en este caso los de las confederaciones hidrográficas] es requisito necesario para que pueda aprobarse por el Ayuntamiento o la Generalitat" un nuevo proyecto residencial.

Quejas sobre Rabassa

La empresa Aguas de Alicante considera que "hay agua suficiente" para el futuro desarrollo del plan urbanístico de Rabassa, que prevé construir de 15.000 viviendas en 4,2 millones de metros cuadrados, según desveló ayer el alcalde, Luis Díaz Alperi, que contestaba así al informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que desaconseja el proyecto por no tener garantizado el agua.

El alcalde sostuvo que, en cambio, Aguas de Alicante estima que se tienen asegurados los recursos hídricos para el desarrollo de la ciudad durante los próximos 15 o 20 años. "Empiezo a pensar que la Confederación Hidrográfica del Júcar también está en combinación para boicotear el plan de Rabassa", advirtió Díaz Alperi antes de pedir que "se deje de politizar" este proyecto.

El alcalde se preguntó si lo que quiere dar a entender la Confederación Hidrográfica del Júcar "es que la ciudad de Alicante no puede crecer más" y que "no se puede construir una vivienda más" eso atentaría contra "el desarrollo natural" de la localidad. Alperi recordó que el plan de Rabassa fue aprobado inicialmente junto con los socialistas y agregó que a estos "se les obligó a retractarse" para impedir que, de esta forma, el PP cumpla con su programa electoral, que refleja la necesidad de construir viviendas protegidas.