La cobardía de los bárbaros

Desde hace varios años la incorporación de la mujer a la vida pública española ha ido en aumento y crece cada vez más de una manera imparable acabando así con una tradición de siglos, interesada por supuesto, que la relegaba a "las labores de su casa". Su salto a la política, la Administración y a todas las profesiones en general ha sido realmente espectacular, demostrándose con ello que es tan válida o más en terrenos reservados a lo largo de la historia para el hombre, si bien es todavía discriminada en determinados sectores como, por ejemplo, el del mercado laboral. No se ha alcanzado todavía la meta.

Durante todos esos siglos la sociedad ha creído en la superioridad del hombre, conformando así la concepción machista que la ha venido presidiendo. No ha sido ello exclusivo de la sociedad española. Cuando surgían con fuerza, si bien rozando la heroicidad, movimientos feministas en Inglaterra a finales del siglo XIX, en ese tan avanzado país no era la mujer considerada como persona jurídica, lo que daba lugar, entre otras cosas, a que por los delitos por ella cometidos respondía el marido.

Pero para machismo el de don Napoleón Bonaparte. Afirmaba el gran conquistador que la mujer era inferior al hombre, lo que debería recordarse a la hora de contraer matrimonio por los oficiantes, para que la mujer lo tuviera en cuenta y no olvidara que el hombre sería a partir de ese momento el señor de sus destinos. Casi nada.

El emperador lo plasmó en el Código Civil y por su influencia se reflejó ello en el nuestro muchos años después, en 1889, proclamando que la mujer debía seguir y obedecer al marido, no pudiendo disponer de sus bienes sin su autorización y en el Código penal se recogía un tratamiento bien diferente si uno de los cónyuges era agredido al ser sorprendido manteniendo relaciones extramatrimoniales, pues en tal caso no era lo mismo que el agresor fuera el marido o la mujer, tratamiento, claro es, favorable al marido. Toda una humillación que llegó hasta no hace mucho tiempo.

Con la democracia todo por fortuna ha cambiado en nuestra legislación, pero sufrimos episodios como son los que se derivan de la violencia de género, que a todos debiera avergonzar, sin consolarnos el hecho de suceder lo mismo en otros países, como en Francia, que nos dobla en número de víctimas.

Los juzgados especiales creados al efecto han recibido en el plazo de un año unas 150.000 denuncias. Significa ello que nuestras mujeres cada vez denuncian más las agresiones y humillaciones de las que son víctimas por parte de esos bárbaros cobardes que las consideran como un simple objeto del que pueden disponer a su antojo. 200.000 sentencias han recaído, siendo en su 80% condenatorias y el 25% de ellas referidas a extranjeros, acordándose unas 36.000 medidas de protección, unas seis mil en Andalucía, lo que debe preocuparnos.

Cuando esto escribo llegan ya a setenta las muertes producidas por los bárbaros, más que en el pasado año, entrando de lleno algunas, por la forma en que se han producido, aunque sean todas repugnantes, en el capítulo de la España negra y profunda. Cuchillos de cocina, degüellos, machetes, picos. Intolerable e incompatible con la España del bienestar. Veinte de ellas han tenido lugar en Andalucía, el doble que el año anterior. No debemos permitirlo.

Las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno contra esas conductas deben tener una efectiva aplicación en la práctica. Produce escalofrío el comprobar que existen en nuestro país dos millones de mujeres maltratadas por su pareja sentimental en España. Todos hemos de sentirnos maltratados. Debe hacerse una intensa y efectiva labor de reeducación de los bárbaros agresores, los cuales han de saber, aunque piensen lo contrario, que sólo considerando, valorando y respetando a la mujer como realmente merece, como una persona igual al hombre, el hombre será más hombre. Mientras esa reeducación no se produzca, en España en general y en Andalucía en particular, seguirán siendo lo que hoy son, bárbaros y cobardes.

Juan José Martínez Zato fue vocal del CGPJ y teniente fiscal del Tribunal Supremo.