Narbona sostiene que la expropiación del Algarrobico no se anulará pese al error

El Ministerio de Medio Ambiente seguirá adelante con la expropiación del hotel del Algarrobico, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería). Su titular, Cristina Narbona, aseguró ayer que "no se va a anular" a pesar de que un defecto formal podría invalidar la actual expropiación, ya que la declaración de utilidad pública de la misma debía haber sido acordada por el Consejo de Ministros y no por la Dirección General de Costas. Los afectados por el proceso ya ha anunciado que recurrirán ante el Tribunal Supremo el acuerdo que adopte el Consejo de Ministros para subsanar el fallo.

Fueron los propios informes del servicio jurídico del Ministerio de Medio Ambiente los que pusieron de relieve el defecto de forma con una resolución fechada el 5 de diciembre pasado en la que se advertía del "carácter anulable de la declaración de utilidad pública efectuada por la ministra de Medio Ambiente, al tratarse de un supuesto de competencia de su inmediato superior, esto es, del Consejo de Ministros".

Sin embargo, desde el Ministerio se rebajó ayer la repercusión jurídica de este fallo al señalar que se trata de un defecto "susceptible de ser convalidado". Antes de que el ministerio emitiese una nota con su interpretación, la ministra Cristina Narbona se refirió al asunto en Madrid por la mañana: "Quedará subsanado el error y se seguirá adelante en la expropiación de El Agarrobico".

En la nota ministerial se cita el artículo 67.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común para amparar la convalidación del fallo formal. "Así lo ha confirmado la jurisprudencia, que también ha consolidado el criterio de que, en la medida en que la declaración de utilidad pública recaiga antes de la ocupación, queda subsanado el vicio de mera anulabilidad y no se produce vía de hecho", señalan en el comunicado.

El defecto de forma se hizo público al conocerse el documento de respuesta a las alegaciones presentadas por el abogado de uno de los propietarios afectados por la expropiación, Pablo Linde, que utilizará esta resolución en el contencioso administrativo interpuesto ante la Audiencia Nacional contra la citada expropiación forzosa. La resolución supone, a su juicio, "la nulidad de pleno derecho de la declaración de utilidad pública dada la manifiesta incompetencia del director general de Costas, que adoptó la resolución". Linde entiende que el Consejo de Ministros "no es un órgano superior" al que dictó la resolución para subsanar el fallo, puesto que "la ministra forma parte de él".

El defecto formal descubierto ha obligado al Ministerio a practicar un nuevo trámite de audiencia a los interesados para, posteriormente, proceder a la convalidación de la declaración de utilidad pública de la expropiación por parte del Consejo de Ministros. Pablo Linde insiste en que no cabe convalidación por el Consejo de Ministros, sino que éste dicte una nueva resolución para iniciar un "nuevo proceso expropiatorio".

Esto significaría echar por tierra el tiempo ranscurrido desde el inicio de la expropiación, acordada hace 13 meses, y retrasar la recuperación de la zona del parque natural donde se edificó el hotel. El abogado Linde anticipó ayer que recurrirán al Tribunal Supremo si finalmente se produce el acuerdo de convalidación en el Consejo de Ministros. Este letrado representa a los propietarios de una parcela ubicada en el mismo paraje del Algarrobico, pero que no está relacionada con el hotel. "Si se empieza desde cero pediremos que la casa de mis clientes no se incluya en el proceso porque esa finca lleva ahí más de 100 años y está integrada en el paisaje", anunció.

Desde la empresa Azata del Sol, su portavoz, Antonio Baena, anunció que seguirán adelante con los recursos presentados tanto contra la expropiación forzosa del Ministerio como contra el acto de retracto de la compra-venta de los terrenos ejercido por la Consejería de Medio Ambiente. "Esta expropiación estaba en marcha porque a la señora ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, no le gustaba el hotel. El derecho de retracto se ejerció porque a la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, no le gustaba el hotel. Azata se reitera en que es todo legal y que el interés general es abrir las puertas del hotel. Destruir un hotel a costa del erario público es un disparate", defendió.

Por su parte, la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, consideró subsanable el error del Gobierno y señaló que su departamento está "a la espera de que el TSJA nos deje entrar en la finca para hacer lo que siempre hemos querido hacer, que es devolver a su estado inicial ese terreno". El diputado del PP Rafael Hernando pidió la dimisión del director general de Costas por la "grave negligencia" en este caso. El PP pedirá la comparecencia de la ministra en el Congreso y la consejera en el Parlamento.