El PP rechaza la reforma legal del Gobierno contra la corrupción

El Gobierno ha renunciado a alcanzar un consenso con el PP para la reforma de la Ley Municipal que introducía algunos artículos para frenar la corrupción urbanística y aumentar la transparencia en la gestión. El líder del PP, Mariano Rajoy, se entrevistó con Jordi Sevilla, ministro de Administraciones Públicas, para manifestarle el rechazo del PP a la iniciativa, según adelantó ayer la cadena de televisión Cuatro.

El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, mantuvo en torno a la primera semana de diciembre una reunión con el Ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, en la que le trasladó su oposición al acuerdo.

Rajoy puso fin así a la ronda de negociaciones que habían llevado a cabo dirigentes socialistas y del PP y en la que habían alcanzado algunos acuerdos sobre la reforma legal en marcha.

El Gobierno busca alternativas en otras leyes para incorporar las medidas previstas en la reforma que pretendía consensuar con el PP. Esas medidas pretenden obligar a concejales y alcaldes a presentar una declaración de patrimonio antes y después de acceder al cargo y que deja en manos del pleno municipal algunos de los trámites urbanísticos que ahora puede hacer el Gobierno municipal sin debate previo con la oposición.

El Ejecutivo está estudiando la posibilidad de incorporar esas medidas al proyecto de Ley del Suelo, en tramitación, a través de una serie de enmiendas.

Financiación municipal

El PP argumenta que las desavenencias con el Gobierno "no responden al distanciamiento político de los últimos días", sino al hecho de que el Plan de Lucha contra la Corrupción Urbanística no modifica algunos aspectos de la financiación de los ayuntamientos, según informó ayer Cuatro.

El PP pretendía modificar en paralelo la Ley de Haciendas Locales, algo a lo que se opone el Ejecutivo dado que la norma entró en vigor en 2003 y todavía no se ha demostrado que sea insuficiente.

Los populares indican también que la reforma legal no clarificaba el papel de las diputaciones en el organigrama de lucha contra el fraude.

A través de la Ley del Suelo que se tramita ahora en el Senado, el Ejecutivo pretende incorporar un capítulo de incompatibilidades para quienes hayan ocupado cargos públicos y la obligatoriedad de incluir en el debate plenario determinados trámites urbanísticos en grandes desarrollos.

La reforma legal del Gobierno pretendía también dotar a los ayuntamientos de un apoyo técnico por parte de la Administración central para evaluar los planes urbanísticos que las promotoras inmobiliarias plantean a los distintos gobiernos locales.

El objetivo de la Administración central sería terminar con la desigualdad de medios entre las grandes oficinas técnicas de constructoras e inmobiliarias y la escasez de recursos de los concejales.

Al menos tres ministerios habían trabajado en ese plan, que debía estar cerrado a principios de 2007, pero que fue retrasado para contar con el consenso de los populares.