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AGENDA GLOBAL | ECONOMÍA
Columna
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Un nuevo telón divide Europa: la energía

Joaquín Estefanía

En juego, la supervivencia.

CINCUENTA AÑOS DESPUÉS de su creación, una nueva limitación estrangula a Europa: la energía. No deja de ser peculiar, ya que la UE nació, precisamente, a través de una comunidad del carbón y el acero. Europa se ha encontrado con un problema de intendencia que necesita de soluciones urgentes y nada coyunturales que, por el momento, dividen a países y ciudadanos.

Tres problemas se superponen en la UE: la influencia de los oligopolios, que impiden una política energética común; la dependencia del exterior, y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero

Tres enfoques energéticos coexisten y se superponen. El primero, de aliento estructural, es la falta de competencia en el mercado energético europeo: su oligopolización. La comisaria de la Competencia, Neelie Kroes, detecta deficiencias que impiden a los usuarios obtener los beneficios de un auténtico proceso de liberalización: excesiva concentración en la mayoría de los mercados nacionales y, como consecuencia, mínima integración entre los respectivos países; falta de voluntad, que impide la entrada de competidores; opacidad en la información, que vicia los sistemas de fijación de precios, y una vinculación forzosamente larga en el tiempo entre los consumidores y los proveedores.

Frente a esta situación oligopólica, la Comisión propone la separación forzosa de las actividades de generación y distribución de energía en una misma empresa, mientras que algunos países como Alemania y Francia se niegan a la segregación de sus campeones nacionales porque no podrían competir con los gigantes norteamericanos o Gazprom.

El segundo enfoque está motivado por la enorme dependencia energética de la zona respecto al exterior, que ha tenido sus últimos episodios en los conflictos entre Rusia y Ucrania y Bielorrusia, y que ha acabado afectando en última instancia a diversos países de la UE. En la actualidad, Europa depende de las importaciones de gas y petróleo en un 57% y un 81%, respectivamente, del total consumido (que llegarán, de no cambiar la situación, al 84% y al 93% en el año 2030). La respuesta también ha sido divisiva: Alemania, Francia e Italia han firmado en los últimos tiempos diversos contratos con Rusia, lo que debilita una posición conjunta comunitaria. John Le Carré ha declarado que "Rusia ya ha descubierto que las armas del gas y el petróleo son más eficaces que las nucleares".

Por último, las emisiones de gases de efecto invernadero, con lo que ello significa de cambio climático, afectan de pleno a la UE. La Comisión propone una combinación de medidas como la multiplicación del uso de energías alternativas, la reducción del consumo o el apoyo a las nuevas tecnologías que permiten un bajo nivel de emisión de carbono, etcétera, con el objetivo de que la Europa de los Veintisiete reduzca las emisiones de CO2 en un 20% como mínimo, dentro de un esfuerzo conjunto de los países desarrollados del 30%.

Aquí las diferencias están, por un lado, entre las posiciones de la Comisión y las de científicos y organizaciones de matriz ecologista, que entienden que el esfuerzo debe ser mayor para evitar la catástrofe; por el otro, entre los partidarios de aumentar el uso de la energía nuclear y los que pretenden mantener la moratoria existente de hecho. Quince de los 27 países disponen de reactores nucleares, pero algunos de ellos están inmersos en el cierre de los más antiguos. La energía nuclear rompe en dos la coalición que gobierna Alemania y que preside Angela Merkel, presidenta a su vez de la UE.

La energía nuclear es una de las fuentes de energía más baratas, con un menor nivel de emisiones de CO2 y menos sensible a los cambios de precio del combustible que la producida con carbón o gas. Pero al mismo tiempo, la opinión pública europea manifiesta una gran reluctancia a su uso por problemas de seguridad, después de los accidentes de Chernóbil o la central americana de las Tres Millas, y por la gestión de los residuos. Cualquier decisión sobre su ampliación no puede hacerse al margen de un debate que comprometa a esa misma opinión pública europea. Para que no haya sorpresas como las que se produjeron con los referendos francés y belga sobre el Tratado Constitucional.

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