Los transportistas rechazan el plan para cerrar el conflicto del Puerto de Bilbao

El documento impulsado por las instituciones para implantar la libre competencia en el Puerto de Bilbao tiene el rechazo frontal de los transportistas. Los dos sindicatos que operan en el transporte de contenedores por carretera han anunciado que no lo firmarán y coinciden en que se ha realizado sin un debate previo y de forma unilateral por parte del Comisionado, la figura creada por el Gobierno para intentar resolver el conflicto. Sintrabi, que agrupa a la mayoría de los camioneros, anunció que proseguirá con el actual modelo de reparto de cargas cerrado a la competencia.

El comisionado Rafael Puntonet, nombrado en 2005 por el Gobierno para buscar una solución al transporte de los contenedores por carretera en el Puerto de Bilbao, quiere cerrar ya este asunto. Pese a que la comisión creada en 2006 con todas las entidades implicadas no llegó a ningún acuerdo tras 14 reuniones, Puntonet presentó en diciembre pasado un escueto documento para que a partir de 2008 exista una libre competencia. El texto sólo fija plazos y la creación de una comisión de seguimiento y control, pero sin definir cómo sería el nuevo modelo y, sobre todo, la manera de cerrar el actual sistema, en el que las cargas se asignan a un grupo cerrado de camioneros que para operar han tenido que comprar una licencia no sometida a ningún control pficial y por la que se paga hasta 84.000 euros.

Pero la propuesta ya ha recibido el rechazo de los principales protagonistas, los transportistas. Los dos sindicatos -Sintrabi y Egas- que agrupan a los 850 transportistas que trabajan de manera exclusiva con los contenedores han anunciado que no lo suscribirán el próximo lunes, el día en que Puntonet ha fijado otra reunión de la comisión. Sintrabi, al que están afiliados 700 de los 850 camioneros, anunció ayer que proseguirá con el modelo actual, que calificó de organización "coherente y lógica y a unos precios ajustados". Este sindicato, que el pasado año mostró su disposición a negociar un nuevo modelo, vuelve a apostar públicamente por el actual, después de sentirse "agredido" tras la operación de la Audiencia Nacional del pasado octubre, que terminó con 19 detenidos. Días después, todos ellos -16 sindicalistas de Sintrabi y tres directivos de empresa de transporte- quedaron en libertad sin medidas cautelares.

"Entendemos que el Puerto funciona bien y hay libertad de contratación", dijo ayer Daniel González, el secretario técnico de Sintrabi, quien anunció una asamblea de sus afiliados para el 17 de febrero. En esa reunión se decidirá si inician actuaciones, entre las que no descartan paros en el Puerto. González auguró que la propuesta del comisionado quedará "en agua de borrajas" con el rechazo de Sintrabi.

Sin consenso

Egas, la otra central que agrupa a los camioneros del Puerto, ha criticado la iniciativa del comisionado, "que nos vino con un papel diciendo que había que firmarlo", señaló un portavoz. Este sindicato ha contactado con la viceconsejera de Transportes, Arantza Tapia, a quien mostraron su malestar "porque se pretenda que un grupo asuma la propuesta de una de las partes". A su juicio, tras contactar con la Autoridad Portuaria y las empresas que operan en el Puerto, "nadie se cree ese documento", y no descartan que sea retirado finalmente.

El comisionado mantiene su pretensión de llevar el documento a la reunión del próximo lunes. "No vamos a valorar las declaraciones de los sindicatos. El lunes lo podrán firmar todos los que estén de acuerdo", señalaron ayer fuentes próximas a Puntonet. El comisionado pretende mantener abierta la adhesión futura al texto de quienes no lo suscriban ahora.

En su comparecencia de ayer, los dirigentes de Sintrabi censuraron con dureza la actuación de la Ertzaintza, encargada de las investigaciones en la operación de la Audiencia Nacional. "Está interviniendo de manera sectaria, porque no investiga al otro sindicato y empresas que trabajan de manera idéntica". El caso sigue, tres meses después, bajo secreto del sumario, con lo que los 19 detenidos desconocen aún las imputaciones concretas.

Sintrabi achacó el alargamiento del secreto a la Ertzaintza, "porque es el investigador el que mantiene el secreto". Censuró que, "después de 100 días", continúe sin disponer de los ordenadores y otra documentación incautada, como nóminas, albaranes o datos de los afiliados que impiden el normal funcionamiento del sindicato. "Sólo pedimos que nos dén copias. ¿Qué quieren: obtener pruebas o acogotar a alguien?".