El boletín oficial publicará el nombre de los condenados por delitos graves o muy graves en seguridad laboral

El Gobierno regional publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM) el nombre de aquellas personas condenadas por delitos graves o muy graves contra la seguridad laboral. No hará falta que haya una sentencia en firme, sólo que tenga "una sentencia judicial condenatoria", aseguró ayer el vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo autónomo, Ignacio González. En el pasado debate sobre el estado de la región, la presidenta regional, Esperanza Aguirre, asumió el compromiso de llevar a buen puerto esta iniciativa. El 20 de abril del pasado año la Asamblea de Madrid asumió por unanimidad la propuesta. La Comunidad dice que las infracciones muy graves se interponen cuando se vulneran las normas de seguridad y salud en el trabajo y se pone en peligro muy grave la vida o la salud de los trabajadores. Las tipificadas como graves son las sanciones que hacen caso omiso a la normativa y se pone en peligro grave la vida o la salud de los trabajadores.

Para que se lleve a efecto la publicación del nombre del condenado será necesario que el director general de Trabajo dicte una resolución. Según anunció González, en cada publicación deberá constar el nombre o razón social de la empresa sancionada, el sector de actividad a que se dedica, el número de DNI de personas físicas o CIF de personas jurídicas, el domicilio y la materia infringida. Además, se hará constar la sanción impuesta, incluida su cuantía, así como las accesorias, en el caso de que las haya.

Finalmente, tiene que constar la fecha de extensión del acta de infracción y el día en que la sanción fue considerada firme.

La misma Dirección General de Trabajo creará un fichero donde quedará registrado el nombre de los sancionados. La secretaria de Salud Laboral de UGT, Marisa Rufino, se muestra partidaria de que se publiquen los nombres de los infractores cuando hayan sido multados por la Administración. "El problema es que la vía judicial tarda una media de entre 36 y 40 meses y muchas empresas pueden haber cambiado de nombre o desaparecido". Su homónimo en CC OO, Carmelo Plaza, comparte esta crítica. Pese a todo, ve bien que el Gobierno regional haya tomado esta decisión.