El Gobierno y el PP agravan su choque tras el atentado de ETA

El Gobierno y el PP agravaron ayer su enfrentamiento sobre la estrategia antiterrorista tras el atentado mortal de ETA en el aeropuerto de Barajas (Madrid), que rompió el proceso de final dialogado del terrorismo. El líder del PP, Mariano Rajoy, exigió la derogación de la resolución que aprobó el Congreso en mayo de 2005 para fomentar el final dialogado de la violencia. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, exigió a Rajoy que trabaje por la unidad y le recordó que las bombas de los terroristas no pueden marcar la agenda política ni derogar resoluciones aprobadas en el Congreso.

El enfrentamiento entre Gobierno y PP se escenificó ayer en torno a la validez del Pacto Antiterrorista, firmado por socialistas y populares en diciembre de 2000, y a la resolución parlamentaria de mayo de 2005, suscrita por todos los partidos, excepto el PP, y que fue la base que sustentó la acción del Gobierno en el proceso dialogado de fin del terrorismo, roto por la organización terrorista ETA con el atentado del pasado 30 de diciembre.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, señaló que el texto de 2000 no es el adecuado para estos tiempos. "Hay elementos que son muy válidos y otros que no porque el tiempo ha pasado".

La vicepresidenta precisó que las circunstancias han cambiado. Se refería a su preámbulo, que exigía al Partido Nacionalista Vasco romper el Pacto de Lizarra -el acuerdo suscrito con Batasuna y con otros partidos nacionalistas que sustentó la tregua de 1998-99- para regresar a la unidad democrática. "En el año 2000 estaba el Pacto de Lizarra y hoy ya no lo hay y, por tanto, eso no vale".

En este nuevo contexto, propuso la ampliación de la unidad antiterrorista al PNV, partido clave en el País Vasco, y a los demás partidos. Pero Fernández de la Vega salvó apartados de ese texto porque "han funcionado muy bien", en referencia a su articulado. La vicepresidenta recordó los dos primeros artículos de dicho pacto: la política antiterrorista la dirige el Gobierno y no puede ser motivo de confrontación partidista.

"Más allá de un papelito"

Pero la polémica se encendió cuando la vicepresidenta primera, tras reclamar la necesidad de ampliar el acuerdo contra el terrorismo a todos los partidos, dijo, en referencia a Mariano Rajoy: "No acabo de entender ese afán de pegarse a un papelito". Aunque, a renglón seguido, corrigió y dijo: "Ese acuerdo va más allá que un papelito".

La alusión al "papelito" provocó la respuesta del líder del Partido Popular, quien señaló: "Es una burla hacia el conjunto de los españoles".

Lo cierto es que ayer y anteayer se puso de relieve que, a excepción del PP, todos los partidos quieren que se abra una nueva etapa y se intente restituir la unidad de las fuerzas políticas.

Este es el testimonio de los portavoces de todos los grupos, excepto el PP, que han participado en la ronda abierta por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y que ayer culminó con el acuerdo de volver a reunirse, de momento de manera bilateral, dentro de 15 días.

Francisco Rodríguez, del Bloque Nacionalista Galego; Begoña Lasagabaster, de Eusko Alkartasuna; Uxue Barkos, de Nafarroa Bai, y Paulino Rivero, de Coalición Canaria, condenaron sin paliativos el atentado del 30 de diciembre en el aeropuerto de Barajas y acusaron a ETA de haber roto el diálogo al utilizar la violencia y haber asesinado a dos personas.

La ronda se amplió con tres partidos que no están representados en Madrid pero de relieve en sus comunidades: Partido Andalucista, Partido Aragonés (Par) y Partido Regionalista de Cantabria (PRC). El presidente de la comunidad cántabra, Miguel Ángel Revilla, fue el interlocutor de Rubalcaba. El más exigente fue Paulino Rivero, que espera del presidente del Gobierno una actitud "de firmeza" en el pleno del próximo lunes en el Congreso de los Diputados.

A este respecto, algunos portavoces parlamentarios trasladaron a Rubalcaba lo innecesario de este pleno, que el PP ha exigido, dado que por primera vez un presidente del Gobierno acude al Congreso porque la organización terrorista ETA ha roto una tregua.