El alcalde donostiarra censura los incidentes provocados por 'abertzales'

El alcalde de San Sebastián, el socialista Odón Elorza, expresó ayer su condena y "repugnancia" por los graves incidentes provocados en la ciudad, el pasado sábado, por manifestantes de la izquierda abertzale, después de que la Ertzaintza les impidiera celebrar un acto prohibido por la Audiencia Nacional. Las dos personas detenidas por arrojar objetos a los agentes han sido puestas en libertad, acusados de desórdenes públicos.

"Los donostiarras volvemos a sentir repugnancia ante la quema de contenedores y otras actitudes de kale borroka que buscan atemorizar a la ciudadanía", manifestó Odón Elorza en un comunicado.

El barrio de Amara intentaba recuperarse ayer de los destrozos causados por los manifestantes, que volcaron una veintena de contenedores y prendieron fuego a varios de ellos, además de lanzar todo tipo de objetos y mobiliario urbano contra los agentes de la Ertzaintza que les conminaron a disolverse.

Dos turismos, uno de ellos un coche camuflado que utilizaba la Ertzaintza para el despliegue policial, quedaron parcialmente destruidos por el incendio de los contenedores.

El alcalde de San Sebastián subrayó que, al margen de la intervención de los poderes del Estado, la ciudadanía debe implicarse para acabar "con cualquier acción violenta". Por su parte, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento y presidenta de este partido en Guipúzcoa, María José Usandizaga, reprochó a la Ertzaintza que únicamente detuviera a dos personas, cuando en los incidentes, afirmó, "participaron, al menos, un centenar de violentos".

Usandizaga reclamó al Departamento de Interior del Gobierno vasco que "actúe con total firmeza" y lleve ante la justicia a los organizadores del acto de Anoeta y "a los energúmenos que han sembrado el caos en la ciudad". El acto de Anoeta había sido prohibido por el juez Ismael Moreno pero en los alrededores del velódromo se llevaron a cabo distintas iniciativas, algunas de ellas violentas.

Los altercados se produjeron la tarde del sábado en las inmediaciones del estadio de Anoeta, después de que la policía vasca cortara el paso a más de tres mil simpatizantes abertzales que pretendían manifestarse por las calles del barrio de Amara. Previamente habían intentado, sin éxito, celebrar en el exterior del velódromo de Anoeta el acto político convocado por el Movimiento pro Amnistía que estaba prohibido por resolución judicial de la Audiencia Nacional, al considerar que lo impulsaba la ilegalizada Askatasuna.

Las dos personas detenidas por la Ertzaintza durante los incidentes fueron puestas en libertad posteriormente, una vez realizadas las diligencias correspondientes, que se presentarán a la autoridad judicial.

La policía autónoma vasca informó de que el motivo de la detención fue haber arrojado objetos contra los agentes, por lo que se les acusa de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad. Según informaba ayer el diario Gara, vinculado a la izquierda abertzale, se trata de R. S., 31 años, que fue trasladado al hospital al resultar herido durante la detención, y de otro joven de 22 años, natural de Gernika (Vizcaya).

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, se mostró ayer conforme con la actuación de la Fiscalía y de la policía vasca al aplicar la prohibición dictada por el magistrado de la Audiencia Nacional. Según dijo, "las resoluciones judiciales están para ser cumplidas". Y recalcó que cualquier iniciativa en contra de una sentencia judicial debe obligar a una actuación del fiscal y de las fuerzas de seguridad.

En este sentido, el portavoz del CGPJ insistió en que es importante recordar que hay una serie de sentencias que han ilegalizado a Batasuna por "pertenecer al entramado de ETA". "No tener claro que esta formación política es ilegal supone no cumplir con las consecuencias que tiene el Estado de derecho", dijo. Y ante la posibilidad de que en los próximos meses los independentistas vascos traten de celebrar el acto político prohibido u otros de parecida índole, como adelantó el sábado el portavoz de los convocantes, Enrique López aseguró que la respuesta "tiene que venir del Ministerio Fiscal" y, si este órgano entiende que es delictivo, deberá comunicarlo al juez.