"Nos molesta que la política ponga en duda nuestra actuación"

Joaquín Baños es desde el pasado octubre portavoz de la Fiscalía de Valencia. Se estrenó con uno de los momentos de mayor tensión entre la institución y la Generalitat por procedimientos en los que están implicados cargos del PP. Es, además, coordinador en materia de incendios forestales. Baños (Valencia, 1962), casado y con dos hijos, inició su carrera en 1988 en Tarragona y desde 1990 está destinado en Valencia. Uno de sus objetivos es perseguir con mayor contundencia las imprudencias graves que desembocan en incendios forestales y la ocupación de montes públicos.

Pregunta. ¿En qué condiciones se persiguen los incendios?

Respuesta. Como la quema de restos agrícolas es una actividad tradicional, se ha sido menos incisivo en la investigación de estos delitos, sobre todo cuando no había un resultado grave. Evidentemente, cuando se han quemado hectáreas, se ha investigado hasta las últimas consecuencias. Pero cuando el incendio se ha podido atajar rápidamente y la superficie no ha pasado de una hectárea, no se ha presentado como grave. Y como tal, se ha tenido menos contundencia. Desde la Fiscalía, lo que se quiere es aplicar el principio de tolerancia cero.

"El delito urbanístico siempre ha existido. La segunda residencia lo ha favorecido"

P. ¿Hay amparo legal suficiente?

R. Sí. El Código Penal castiga la imprudencia grave con resultado de incendio. Incluso sin propagación. Lo que hay que valorar es la gravedad. El agricultor no ha tenido necesidad de hacer esas quemas que muchas veces son por el placer lúdico de ver quemar, y no tomando las medidas mínimas de precaución. Es una negligencia grave.

P. ¿La Administración y del Seprona tiene esa sensibilidad?

R. Sí, ahí no hay ningún problema. Lo que sí podríamos cambiar es el reglamento de la Ley Forestal. Habría que adaptarlo a la realidad actual y ser mucho más riguroso y restrictivo a la hora de autorizar las quemas. Con las condiciones climáticas que tenemos, quizás se debería ser más restrictivo con las autorizaciones y concienciar al agricultor de que hay otros métodos para desprenderse de los residuos.

P. Una materia nueva es la ocupación de montes de utilidad pública. ¿Qué datos maneja la fiscalía?

R. La Administración local es en esto, probablemente, la menos incisiva, sólo hay 32 denuncias de ayuntamientos. Son poquísimas y sólo tres han denunciado.

P. ¿En qué se concretan?

R. En balsas, chalés, vallas con la que se comen un trozo de monte de utilidad pública, eliminación de cubierta vegetal para plantar naranjos..., es una tipología variada. El denominador común es que se está ocupando monte de utilidad pública. Este tema es novedoso. Es la primera vez que la Fiscalía lo está llevando adelante, puede haber un delito de usurpación. Pero hay algunos problemas legales porque la nomenclatura de la ley estatal es un poco diferente a la de la autonómica. A veces los propios propietarios no llegan a conocer que el monte que creen suyo no lo es. Esto viene de la legislación de los 60. Entonces se declararon con carácter general de utilidad pública muchos montes sin que se hicieran bien los deslindes. Hay que actuar con cautela.

P. ¿Ha habido un incremento de casos de corrupción urbanística?

R. Los delitos urbanísticos en la Comunidad Valenciana han existido siempre. La tipología de la segunda residencia lo ha favorecido. Que un señor que tiene un campo se haga un chalé se ha visto como normal. Y los ayuntamientos han llevado a engaño porque cuando ese señor ha ido le han explicado que le sería puesta una sanción porque no había pedido licencia, lo que no suponía que la construcción fuera legalizable. Este el primer supuesto de irregularidad urbanística más extendido. Ahora de lo que se habla es de la corrupción urbanística en cuanto a los ingresos ilegales de la recalificación urbanística. No creo que la provincia de Valencia tenga la problemática que está apareciendo en otras. No digo que no exista, sino que por las denuncias que llegan a Fiscalía, no hay tanto. La Fiscalía no tiene la sensación de que haya corrupción generalizada en Valencia en materia urbanística.

P. ¿La Fiscalía se siente presionada políticamente?

R. La Fiscalía, como institución, no se siente presionada. Nos podemos sentir molestos porque se ponga en duda nuestra actuación. Las veces que se ha respondido ha sido para salir al paso de cuestiones que no se ajustaban a la realidad. Ha molestado que esas quejas, desde determinados ámbitos políticos, hicieran referencia a cuestiones a las que la Fiscalía de Valencia era absolutamente ajena. Nosotros queremos que se nos deje trabajar. A veces es difícil sustraerse de que el fiscal general del Estado es propuesto por el Gobierno. Pero ese es el sistema constitucionalmente establecido y una vez nombrado deja de tener ninguna relación de jerarquía con el Gobierno. Somos fiscales de carrera, ninguno debe nada a nadie, nos debemos a la conciencia y a ley. No queremos que se nos meta en la lucha política. Presión no sentimos ninguna.

P. ¿Tiene alguna noticia de que se haya reunido la comisión de expertos que propuso el PP para examinar al fiscal jefe?

R. No, nos enteramos por la prensa y no hemos sabido nada más. Agua pasada no mueve molino. Y parece que hay más tranquilidad. Nosotros no competimos en unas elecciones. Nos debemos a nuestro trabajo y a la sociedad. No somos independientes, tenemos que defender a la sociedad. Esa es nuestra parcialidad. La Fiscalía representa al pueblo. Y tengo la sensación de que eso se está desvirtuando. Eso de que los ayuntamientos o la Administración autonómica se quieran personar en los procedimientos desvirtúa ese principio. El fiscal siempre ejerce en nombre del Estado la defensa de los derechos de las víctimas. Por tanto, no parece lógico que otra Administración sea parte. Es un gasto inútil.