El Tribunal Superior de Justicia revalida su rechazo al urbanismo insostenible

Los programas de actuación integrada (PAI) de miles de casas que triplican poblaciones y se promueven al margen de los planes generales urbanos son incompatibles con un desarrollo sostenible. Así lo reflejó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en un auto sin precedentes el pasado noviembre con el que suspendió de forma cautelar un PAI de 1.500 casas en la localidad alicantina de Parcent, de un millar de vecinos. El TSJ revalidó ayer su rechazo al urbanismo desaforado al reiterar la suspensión del PAI a petición del movimiento vecinal y de Coalició Democràtica de Parcent.

Parcent, gobernada por el PP, aún se rige por normas urbanísticas subsidiarias, ya que tiene pendiente la redacción de su Plan General de Ordenación Urbana. A pesar de ello, los populares aprobaron el 31 de enero de 2006, un día antes de la entrada en vigor de la nueva Ley Urbanística Valenciana, el proyecto de El Replà, con el que una empresa del grupo Ballester prevé el desarrollo de un millón de metros cuadrados y la construcción de 1.496 viviendas. Ordenar esa superficie con un PAI resulta "excesivo", puesto que este crecimiento exige "una instrumentación de carácter más general, donde pudieran ponderarse las necesidades integrales del municipio y su sostenible desarrollo", advirtió la Sección Primera de lo Contencioso-Administrativo del TSJ en el auto de noviembre que suspendió de forma cautelar la aprobación del proyecto.

La paralización se produjo a instancias del recurso planteado por una veintena de ciudadanos británicos afectados por el PAI, que generó también el rechazo de la oposición al PP y de muchos vecinos. Así, la plataforma Veïns de Parcent unió sus fuerzas a Coalició Democràtica de Parcent (CDP) en un segundo recurso contra el PAI de El Replà, cuya respuesta se ha traducido en un auto en el que el TSJ revalida su rechazo al urbanismo insostenible y reitera la suspensión cautelar. Los magistrados recuerdan que ya se pronunciaron sobre el caso en el primer recurso y reproducen literalmente su argumentación contraria a un proyecto que triplicaría una población sin plan general, que ignoró un dictamen negativo del Consejo Jurídico Consultivo y que no avisó de su tramitación al 40% de los afectados.

La Sala de lo Contencioso, además, ha abierto un debate interno que busca vías para frenar los crecimientos desmedidos y aplicar al urbanismo las "cuotas de sostenibilidad" que marca para el agua o el paisaje la propia legislación valenciana.

Mientras esperan la resolución del recurso, vecinos y CDP expresaron ayer su satisfacción por el último auto judicial. Veïns de Parcent expresó su alegría porque el auto "refuerza" su rechazo a la política urbanística del PP y "habla de desarrollo sostenible, un término que la justicia hasta ahora no había utilizado", resaltó el portavoz, Joan Carles Poquet.

"Nos reafirma en nuestra postura. Siempre hemos dicho que no se podían aprobar PAI sin un plan general", afirmó por su parte el portavoz de CDP, Pere Far. La formación redactó en el pasado mandato un concierto previo para un urbanismo "sostenible" basado en un estudio paisajístico que el PP desechó, recordó Far antes de dirigirse al equipo de gobierno del PP: "Dar marcha atrás sería lo más razonable".