Derecho a pasarlo bien... sin molestar

El sector del ocio nocturno está en pie de guerra contra el Ayuntamiento de Barcelona. El cierre de La Paloma ha acabado con su paciencia. A su juicio, la exhaustiva normativa sobre esta actividad empresarial es asfixiante y pone en peligro miles de puestos de trabajo. El campo de batalla se centra en la actualidad en la Ley de Espectáculos que quedó colgada en la pasada legislatura, un texto todavía embrionario salido del Departamento de Interior que impone nuevas restricciones al sector. Pero hasta su aprobación, tienen otros conflictos sobre la mesa. El más recurrente es el tema de los ruidos y la dificultad de conciliar ocio y descanso de los vecinos. No obstante, la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno señala que las quejas por ruidos relacionadas con discotecas suman sólo un 15% de las recibidas por el Ayuntamiento, un porcentaje ampliamente superado por otros ruidos molestos, como los provocados por motos o por la mala construcción de las viviendas. Lamentan, además, que en Barcelona se realizaran durante el año pasado cerca de 200 expedientes de cierre, en su mayoría por incumplimiento de licencia. Es muy frecuente que un bar se convierta a determinadas horas de la noche en una pequeña discoteca. Basta con subir el volumen de la música. Resultado: expediente al canto.

Las salas de conciertos exigen la creación de un consorcio como el del ámbito teatral

De ahí que pidan licencias con una catalogación menos restrictiva. Asimismo, recuerdan que lo que ocurre en la calle no es competencia suya y que son los ayuntamientos los que deben realizar campañas de sensibilización ciudadana. Para evitar las concentraciones de gente en la vía pública a altas horas de la madrugada, solicitan un mayor servicio de transportes públicos, medida que permitiría el desalojo escalonado de los locales.

Las salas de concierto comparten el mismo frente con las discotecas, pero con sus propias razones. En Cataluña se realizan unos 400 conciertos al mes que son seguidos por unos 120.000 espectadores. Barcelona encabeza la marcha. Para empezar, la Asociación de Salas de Conciertos de Cataluña exige que se reconozca el carácter cultural de su actividad, catalogación que les permitiría seguir promocionando a músicos poco comerciales que carecen de oportunidades.

Las salas de concierto también capean con las quejas de los vecinos que defienden su derecho a descansar. Curiosamente, la situación ha empeorado desde la aplicación de la ley antitabaco, que prohíbe fumar en muchos locales. Así, los que asisten a las actuaciones musicales salen a fumarse el pitillo en la calle y entre todos se forma un jaleo que no deja pegar ojo. Para conseguir el apoyo de la ciudadanía, decenas de salas organizarán próximamente conciertos gratuitos

Más allá de estos encontronazos, los empresarios del ocio nocturno reclaman ayudas públicas para poder cumplir la normativa de insonorización de sus salas, subvenciones que ya existen en otras capitales españolas, como Madrid. Por su parte, los dueños de salas de concierto piden la creación de un consorcio que les permita un diálogo continuo con la Administración. Consorcios como el propuesto no son inéditos en Barcelona. Uno de los más fértiles se da en el campo del teatro, arte escénica que no podría sobrevivir si dependiera en exclusiva de las entradas que se venden en las taquillas.