La juez imputa al regidor de Catral por la construcción de 1.270 chalés en suelo no urbanizable y sin licencia

La juez ha imputado al alcalde de Catral (sur de Alicante), el socialista José Manuel Rodríguez Leal, y cuatro promotores por un delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio derivado de la masiva construcción (1.270 chalés) en suelo no urbanizable y sin licencia. La magistrada ha revocado su auto de archivo provisional de la causa decretado el pasado 26 de septiembre, justo una semana antes de que el Gobierno valenciano del PP acordara retirar las competencias urbanísticas al Ayuntamiento para atajar la proliferación de edificaciones ilegales.

La magistrada Natividad Navarro, titular del Juzgado número 5 de Orihuela, ha admitido el recurso de la Fiscalía de Alicante contra su auto de sobreseimiento de la denuncia presentada por la Asociación Europea de Usuarios y Consumidores de Urbanismo (AECU) por la construcción ilegal la huerta de Catral.

El regidor indicaba a los promotores cómo construir, según las actas del Seprona

La juez justificó el archivo al "no observar" indicios de delitos. No obstante, la Fiscalía recurrió el auto justo por el argumento contrario. El ministerio público sí aprecia "suficientes indicios de delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio". En su recurso, el ministerio público pedía a la juez que citará como imputados al alcalde y el resto de denunciados por AECU.

La denuncia por las casas ilegales de Catral la presentó la entidad AECU en agosto de 2004. Los denunciados eran el alcalde, cuatro ediles miembros de la comisión de gobierno, cinco contratistas y una decena de pequeñas agencias inmobiliarias, encargadas de poner a la venta las casas, básicamente entre extranjeros.

La juez acordó el archivo provisional de la denuncia tras la practica de una serie de diligencias que incluyeron un informe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), un oficio de la Consejería de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana para que informara si tenía conocimiento o había autorizado las construcciones y otro al Ayuntamiento de Catral para que aportara el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio. La juez no interrogó a ninguno de los denunciados.

Los atestados del Seprona remitidos al juzgado revelan, no obstante, que el alcalde estaba al corriente de las infracciones e incluso aconsejaba a los promotores cómo construir las casas. "El alcalde le dijo [al promotor] que construyese una vivienda cada 2.000 metros cuadrados. Por lo que se vislumbra que el alcalde de Catral conoce, permite e indica de forma verbal al promotor la cantidad y características de las construcciones ilegales", recoge textualmente una de las actas del Seprona.

Otro de los promotores denunciados, en concreto el empresario Joaquín Aráez Roca, contestó así al interrogatorio de los agentes del Seprona: "A mí nadie me tiene que decir lo que tengo que construir. Si el alcalde no me ha dicho nada, no tiene que venir el juez o el Seprona a decirme que no construya". Otra acta subraya que el Ayuntamiento informaba a los compradores de las viviendas que éstas eran legales.

El propio alcalde reconoció a este periódico que uno de los promotores que más viviendas ilegales ha levantado ha sido su cuñado Ginés Ruiz, a través de una empresa zapatera, propiedad de María Ángeles Rodríguez Leal, hermana del regidor. Inicialmente, la juez no ha incluido entre los imputados a los familiares del primer edil.