Más de un responsable

Miles de viajeros en España y Latinoamérica continúan afectados por el cese de las actividades de Air Madrid. La suspensión de la licencia de la aerolínea llegó poco después de que la propia compañía desistiese de seguir operando y aparentemente hay razones que justifican la intervención de la Administración ante la negligencia e ineptitud en la gestión de la aerolínea. Aunque la responsabilidad de los directivos es evidente, la actuación del Ministerio de Fomento no ha sido plenamente acertada desde el principio.

Inicialmente, el ministerio que dirige Magdalena Álvarez descartó por completo la existencia de problemas de seguridad, para afirmar días después que han sido estos prácticamente los únicos causantes de la suspensión. Sobre este punto, Fomento asegura que no ha permitido que ningún vuelo despegase en los casos en que ha detectado incumplimientos en las normas de seguridad. Por ahora no ha quedado acreditado lo contrario, pero los numerosos incidentes en vuelo muestran que las condiciones estaban lejos de ser las óptimas, por más que la empresa acuse a Aviación Civil de exceso de celo en sus revisiones. Álvarez ha dado algunas explicaciones al respecto, pero deberá aportar más información ante la opinión pública o en sede parlamentaria si quiere despejar las dudas.

Pero la cuestión clave es si su departamento ha actuado en el tiempo y la forma adecuados. La cronología de los hechos muestra que el estallido de la crisis se veía venir. Cabe preguntarse si Fomento no hubiera podido adoptar mucho antes restricciones a la venta de billetes y a la actividad de Air Madrid que hubieran tenido efectos menos perniciosos que los de una suspensión de la noche a la mañana a una semana de las fiestas navideñas.

También están surgiendo algunos problemas de coordinación en cuanto al plan de emergencia para facilitar el traslado a los pasajeros. Se da la paradoja de que con decenas de miles de viajeros abandonados en sus destinos, los vuelos fletados de emergencia no cubren las plazas disponibles, lo que parece achacable a una deficiente información de las autoridades. Aunque cabe pedir a éstas que actúen ante una crisis de este calado y es de aplaudir que el Gobierno haya facilitado alternativas a los viajeros desde el primer día, hay que exigir también una gestión eficiente de esos recursos, de modo que al final no sean los ciudadanos los que paguen por partida doble la crisis.