El Supremo obliga a Alperi a destinar 8,6 millones de la venta de suelo municipal a viviendas sociales

El Ayuntamiento de Alicante tendrá que invertir 8.652.549 euros de la venta de parcelas públicas en 1998 a la compra de suelo para la construcción de viviendas de protección oficial, según ordena una sentencia del Tribunal Supremo. El alto tribunal ha ratificado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, que dio la razón a un vecino. El TSJ, que ya ha emitido varias sentencias en este sentido en actuaciones similares en otros Ayuntamientos como el de Calp, mantiene que "la finalidad legal de esos fondos [los obtenidos por la venta de suelo público] es el desarrollo de las poblaciones con una política activa directa y de promoción de la vivienda pública".

La sentencia del Supremo revela que el Consistorio ha incumplido sus obligaciones en materia de vivienda social en los últimos años. Aunque paradójicamente, la falta de viviendas protegidas ha sido el principal argumento esgrimido por el gobierno local, en manos del PP, para justificar la aprobación del polémico Plan Rabassa, que prevé construir 15.000 nuevas viviendas, de las cuales mitad serán VPO.

El portavoz del grupo popular, Pedro Romero, aseguró ayer que acatará la sentencia del Supremo. Romero subrayó que el Ayuntamiento obtuvo las plusvalías en 1998 por la venta de cuatro parcelas en la zona de La Condomina. Según Romero, el Ayuntamiento utilizó ese dinero para comprar el antiguo cuartel de San Fernando, situado en el barrio de Benalúa y donde será construida la futura Ciudad de la Justicia de Alicante, y un edificio para la Concejalía de Hacienda.

Un particular presentó un recurso contra esta decisión y la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ dictó una sentencia el 2 de septiembre de 2002 en la que establecía la obligación del Ayuntamiento de destinar los ingresos por la enajenación de las parcelas a compra de suelo para Viviendas de Protección Oficial. El Ayuntamiento apeló entonces al Supremo.