Nace la plataforma de vecinos para pedir la ejecución de sentencias judiciales en Marbella

La plataforma vecinal 29 de marzo se presentó ayer en Marbella para solicitar el cumplimiento de las sentencias judiciales firmes que podrían devenir en el derribo de los edificios ilegales. Tras la petición de la Junta al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que ordene la demolición de 334 viviendas, la controversia generada en Marbella ha copado el debate social. Los vecinos de una decena de comunidades de propietarios de edificaciones aledañas a los inmuebles ilegales presentaron ayer su plataforma junto a Ecologistas en Acción.

"Nuestro propósito es salir al paso de la manipulación que pretende enfrentarnos con los propietarios de los pisos que podrían demolerse. Ellos también son afectados por los edificios ilegales porque comparten nuestras carencias de parques, colegios, y equipamientos de sanidad", resumió ayer Rafael Ávila, uno de los tres portavoces de la plataforma. En dicho foro están incluidas una decena de comunidades de vecinos de barrios como Las Chapas, Artola, Guadalpín, y San Pedro Alcántara, así como la Federación de Asociaciones de Vecinos.

A pesar de que la división es patente en la sociedad marbellí, este foro pretende evitar el enfrentamiento con los compradores de buena fe de las viviendas ilegales, a los que recuerda que son ciudadanos que asimismo sufren esta patente carencia de espacios públicos que vive la ciudad tras los quince años de gilismo.

Estas comunidades de vecinos de los edificios ilegales han creado en paralelo una plataforma que exprese su repulsa por unos derribos que puede dejarles sin casa. El principal objetivo de dicha plataforma es lograr un acuerdo de las fuerzas políticas locales "que evite el derribo de todo edificio habitado". Por el contrario, la plataforma 29 de marzo aboga por el cumplimiento de la legalidad y las sentencias que dicten los jueces en los procesos contencioso-administrativos abiertos, aunque estos conlleven la demolición de viviendas habitadas y el Ayuntamiento deba afrontar indemnizaciones millonarias.

"Hay que devolver la legalidad a este pueblo. Hay precedentes en Cantabria donde una urbanización ilegal fue demolida y los propietarios indemnizados. Queremos que las sentencias judiciales sean cumplidas porque es un derecho constitucional", insistió Ávila.

La plataforma considera que la hipotética legalización de las edificaciones ilegales representaría un gravísimo agravio comparativo a todos los vecinos que rodean estas construcciones. "Han visto como han perdido calidad de vida, han perdido vistas, han perdido horas de sol, han perdido intimidad y sus propiedades han perdido valor patrimonial", expresaron en un comunicado.

Asimismo consideran que dicha legalización conllevaría imponer el derecho de unos pocos propietarios frente a toda la colectividad que se ve afectada. "Supondría un insulto a muchos vecinos, colectivos y asociaciones que las han venido denunciando en el Juzgado, en sede administrativa, en la calle y en todos los foros", añadieron.

Los portavoces de la plataforma alegaron ayer que en la ciudad existe un parque de viviendas que cuenta con numerosas casas como segunda residencia. Marbella cuenta con un parque de viviendas en torno a las 80.000 unidades, según la última revisión realizada por la Junta. De éstas, más de 35.000 poseen un uso como vivienda principal, el 44%, 25.800 son viviendas secundarias, propiedad de visitantes y turistas de la ciudad y 16.400 se encuentran vacías a la espera de ser vendidas, alquiladas, y en muchos casos, regularizadas o desprecintadas. La plataforma solicita que todas las edificaciones ilegales queden fuera de ordenación en el nuevo Plan General que elabora la Junta. Estas edificaciones incluyen los bloques construidos en suelos públicos, los edificios con aumento de edificabilidad y los situados en suelos calificados como no urbanizables.

"El daño que producen las edificaciones ilegales es muy superior al daño que el cumplimiento de las sentencias de su demolición ocasionaría a los llamados propietarios de buena fe", apuntó ayer Ávila. La intención de la plataforma es que las diferentes comunidades de vecinos se personen en los procesos judiciales en marcha como "personas afectadas", tal y como les permite la Ley, según anunció ayer la abogada de la plataforma, Lourdes Pérez.