Las reglas del proceso

Mensajes de procedencia diversa coinciden estos días en la idea de que no se espera una ruptura inminente de la tregua de ETA, e incluso de que hay posibilidades de reanudación en los primeros meses del año del proceso abierto con el alto el fuego. Tales mensajes llegan cuando está a punto de cumplirse el plazo (antes del fin del otoño) indirectamente señalado por ETA en su último boletín -fechado en octubre- como límite para enderezar las cosas según sus pretensiones y evitar la "ruptura del proceso". No se trata de un ultimátum formal, pero sí de una amenaza verosímil. Porque todo lo que hace y dice ETA desde agosto (del robo de pistolas a la justificación del terrorismo callejero) y casi todo lo que dice Batasuna parece encaminado a preparar la ruptura del alto el fuego en su día bautizado como permanente.

¿Cuáles son esas pretensiones? Que cesen las trabas a la actividad de Batasuna; y que se pase ya a discutir contenidos políticos. Lo primero se plantea como incumplimiento de un supuesto compromiso previo de admitir la legalización de hecho. El propio Otegi dijo no tener constancia de tal compromiso, pero en todo caso es evidente que el Gobierno es partidario de la legalización: no ha dejado de dar facilidades para ello, reduciendo los requisitos a unos estatutos en los que se incluya un compromiso claro de desvinculación de la violencia. Pero Batasuna pretende que la legalización se produzca sin necesidad de desmarcarse de ETA, mediante la derogación de la ley de partidos.

El Gobierno ha dicho claramente que esto no es posible, y las razones resultan obvias, tal como están las cosas: Batasuna fue ilegalizada porque se demostró judicialmente que formaba parte de un entramado capitaneado por ETA y que se consideraba con derecho a eliminar adversarios políticos a tiros. No puede haber legalización sin desaparición de ETA o desvinculación de ese entramado. Y la legalización (o sea, el sometimiento a los mismos límites que el resto de partidos) es condición para que Batasuna pueda participar en cualquier negociación política.

La resolución del Congreso de mayo de 2005 es flexible, pero deja claro que no es posible negociar bajo la amenaza de ETA de volver a matar si lo acordado no le satisface; y que esa negociación sólo podrá tener lugar entre representantes elegidos por los ciudadanos. La posibilidad de que esa discusión se inicie fuera del Parlamento sería, en su caso, una excepción motivada por el hecho de que, aunque Batasuna se legalice, no estaría representada en el parlamento vasco hasta que se celebren las próximas elecciones (en 2009). El deseo de evitar una parálisis del proceso hasta entonces sería el único argumento para admitir que la negociación se iniciara provisionalmente en un foro extraparlamentario. Pero las decisiones sólo podrían adoptarse en el Parlamento y respetando los límites de la legalidad (incluyendo los procedimientos para su reforma).

Ésas son las reglas del proceso. El largo periodo sin víctimas supone una oportunidad para la sociedad, deseosa de acabar con esta pesadilla, pero también para los miembros de la banda (presos o clandestinos), que carecen de una alternativa realista: si rompieran la tregua pasarían muchos años antes de que cualquier Gobierno se arriesgara a dar los pasos que ha dado el actual para facilitar un acuerdo dialogado. Mientras no haya atentados no hay motivo para dar por roto el proceso, pero sí para reafirmar los límites marcados por la resolución del Congreso, sin ceder al chantaje de que sólo nuevas concesiones impedirían la ruptura.