Aprobada la reforma del Código Penal que refuerza la persecución del delito urbanístico

El Gobierno dio ayer el visto bueno al proyecto de reforma del Código Penal, que potencia la persecución de los delitos urbanísticos y del crimen organizado, y amplía hasta los 10 años el plazo de prescripción del delito fiscal, que será castigado hasta con seis años de cárcel en los supuestos más graves.Para una mayor protección a las víctimas, la reforma facilitará a los jueces la investigación sobre testaferros y sociedades tapadera que ocultan los patrimonios de los auténticos responsables penales. Para altas tasas de alcoholemia o velocidad excesiva, el proyecto prevé penas de 3 a 6 meses de prisión.

La reforma propone "respuestas adecuadas a las nuevas realidades criminales" que han aparecido o se han incrementado en los últimos tiempos. Las principales novedades son:

- Crimen organizado. Se introducen como delitos la mera pertenencia a una asociación que tenga como fin delinquir (pena de 2 a 6 años), ser jefe o dirigente de la misma (de 6 a 9) y la colaboración con dicha asociación criminal (de 2 a 4 años). Estos nuevos delitos se castigan independientemente de la pena que pueda merecer el delito que se ha cometido: Por ejemplo, condena de 2 a 6 años por integración en asociación criminal, más otra de 2 a 5 años por robo en vivienda habitada.

- Seguridad vial. La persona que conduzca cuando el permiso le haya sido retirado por sanción administrativa o judicial será castigado con prisión de 3 a 6 meses o multa de 12 a 24 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la privación del carné de 1 a 6 años.

También se penalizará a quienes circulan con elevadas tasas de alcohol o a velocidades excesivas con penas de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la privación del carné durante un periodo de uno a 1 a 4 años.

También está previsto el comiso del vehículo, considerado un instrumento del delito, en los supuestos de conducción temeraria.

- Delito fiscal. Se incrementa la pena del delito fiscal hasta los seis años para los supuestos más graves (testaferros, estructuras organizadas o elevada cuantía de lo defraudado). Se establecen mecanismos para asegurar que el defraudador pague efectivamente su deuda.

- Prostitución de menores. Para la protección de los derechos de los menores se introduce una sanción expresa al cliente que recurra a la prostitución con un menor de 18 años o con un incapaz, con pena de prisión de 1 a 5 años y una multa de 12 a 24 meses.

- Acoso laboral. El mobbing (acoso laboral) se tipifica como delito castigado con penas de seis meses a dos años.

- Delitos informáticos. Se castigará a los hackers que asaltan sistemas ajenos, castigando tanto los ataques a la intimidad como los delitos de daños.

- Reincidencia y habitualidad. Se actuará con mayor contundencia frente al profesional del delito. Se endurece la habitualidad y se establece un régimen penitenciario más severo frente al reincidente y al habitual. Se opta por reducir los posibles beneficios que se podrían obtener si no se hubiera vuelto a delinquir: restricciones para acceder al tercer grado y a la libertad condicional. En estos casos, el juez podrá, incluso, decretar libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena.

- Prescripción. La presentación de la denuncia o la querella suspende la prescripción del delito hasta que el juez se pronuncie sobre su admisión a trámite. Se amplían los plazos de prescripción en el caso de los delitos menos graves, pasando de tres a cinco años. En los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social se amplían a 10 años. Este nuevo plazo favorecerá su descubrimiento y persecución en casos como la corrupción que, a menudo, se detecta tras periodo de tiempo bastante prolongado.

- Alternativas a la prisión. El juez tendrá mayor margen a la hora de imponer otras penas, como el arresto de fin de semana, la localización permanente o los trabajos en beneficio de la comunidad. En cualquier caso, estas medidas sólo se aplicarán a personas que no sean delincuentes habituales y cometan delitos menores, cuya pena no sea superior a dos años.

- Comiso ampliado. Los jueces podrán decomisar el patrimonio de los delincuentes condenados que se presuma que proviene de la actividad delictiva organizada y que no se corresponda con sus ingresos legales, figura que se conoce como "comiso ampliado".