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Territorio asegura que el PAI de Mundo Ilusión no está paralizado

María Fabra

La Consejería de Territorio no quiso ayer entrar a valorar la campaña de "presión" que Marina d'Or tiene previsto iniciar para agilizar los trámites para la aprobación definitiva del PAI de Mundo Ilusión, entre Oropesa y Cabanes. Sin embargo, fuentes de la consejería sí indicaron que el proyecto no está "paralizado", tal como sostuvo el presidente del grupo Marina D'Or, Jesús Ger, sino que sigue los pasos pertinentes en su tramitación y que está a la espera de los informes de los distintos departamentos que han de dictaminar sobre el mismo. Las mismas fuentes indicaron que el proyecto se remitió a Territorio hace apenas dos meses y que éste, que supone el desarrollo de cerca de 18 millones de metros cuadrados, seguirá los plazos que el resto de PAI que requieren, al menos, de ocho meses de tramitación para su aprobación definitiva.

Jesús Ger, cuyo grupo fue adjudicatario de forma provisional del proyecto, convocó el jueves a cerca de 200 propietarios de los terrenos afectados por el PAI del entorno del futuro parque temático Mundo Ilusión para pedirles que se unan en la campaña de recogida de firmas a favor de la aprobación definitiva. "Mi lucha es vuestra lucha", dijo Ger con el fin de alentarles a la participación en esta campaña que deben hacer extensiva, según indicó, "entre vuestros familiares". El presidente de Marina d'Or aseguró que sus terrenos perderán el valor que las actuales expectativas le otorgan y advirtió de que su grupo puede "invertir el dinerito en otro lugar", a la vez que mencionó la expansión internacional de la empresa.

Por su parte, el concejal de EU en Cabanes, Carles Mulet, lamentó ayer que la empresa "instrumentalice a los propietarios buscando un trato de favor de la administración" y calificó de "innecesaria y coercitiva" la creación de la comisión que impulsa Ger como mediación entre la Administración y los propietarios y la empresa. Para Mulet, "no tiene ningún sentido que Marina d'Or intente lanzar a los propietarios contra la Administración cuando ésta ha de cumplir todos los trámites que marca la legislación y, de ninguna manera, puede tener un trato de favor en este tipo de proyectos".

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