PP y Unió rechazan la ley catalana que permite expropiar viviendas vacías

El PP y Unió Democràtica de Catalunya arremetieron ayer contra el proyecto de ley del derecho a la vivienda anunciado por el Gobierno catalán, que permite expropiar casas vacías para ponerlas en alquiler durante seis años. Para los populares, se trata de una ley "comunista", y según el diputado de Unió Josep Lluis Sánchez Llibre, evoca el pasado "marxista-leninista" de la izquierda catalana. En su defensa salió ERC, que recordó que la expropiación es una posibilidad que contempla la Constitución española.

El proyecto de ley del derecho a la vivienda remitido al Parlamento de Cataluña ha tenido una virtud: no dejar a casi nadie indiferente. PP y Unió reaccionaron de forma muy crítica, con un rechazo frontal e inequívoco de la norma. Para el diputado Francesc Vendrell, del PP, se trata de una ley de carácter comunista. Para el secretario general de este partido, Ángel Acebes, el Ejecutivo catalán coloca a los propietarios ante la disyuntiva de la "ocupación" o la "expropiación". La ley, dijo Acebes, es una "metáfora" del "intervencionismo asfixiante" de la política de José Luis Rodríguez Zapatero.

En la misma línea se situaron los democristianos de Unió Democràtica de Cataluña (UCD), partido coligado con Convergència. Josep Lluís Sánchez Llibre señaló que la norma es heredera del pasado "marxista-leninista" de los dirigentes del Gobierno catalán.

Convergència se mostró más moderada. Artur Mas y Felip Puig sugirieron que se trata de una ley "en el límite de la legalidad" y anunciaron su intención de recabar un informe del Consell Consultiu que decida si la expropiación, aunque temporal, cabe en el marco jurídico español y catalán.

A favor de la ley se pronunciaron, de modo inequívoco, Esquerra Republicana, por boca de Joan Puigcercós, actualmente consejero de Gobernación, y Joan Ridao, portavoz en el Parlamento catalán. El primero explicó que la expropiación es una solución excepcional y Ridao señaló que se trata de una posibilidad contemplada de modo explícito en la Constitución, por lo que no entiende que sea criticada por sus más acérrimos defensores.

Sobre la ley se expresaron también instancias no directamente políticas. En contra, el empresariado agrupado en la Cámara de Comercio de Tarragona; a favor, la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU), para quien los temores que pueda provocar la palabra "expropiación" son un asunto menor ante la posibilidad de que se puedan poner en el mercado, con garantías suficientes para el propietario, viviendas vacías. Antonio López, portavoz de la CECU, dijo que quizá sea conveniente retirar el término "expropiación", lo que no quita que haya que tomar medidas para que las viviendas vacías salgan al mercado, ya que "el problema de la vivienda en España es muy grave".

El Ministerio de la Vivienda marcó distancias respecto al proyecto. Un portavoz señaló que la política del ministerio es incentivar y no expropiar. La Asamblea Popular por el Derecho a la Vivienda lo criticó desde otra vertiente. En su opinión, aunque se trata de un paso adelante, es claramente insuficiente para solucionar el problema de la vivienda.