Balza carga contra el juez que le acusó de ocultar pruebas de 'kale borroka'

El consejero vasco de Interior, Javier Balza, replicó ayer con toda contundencia en el Parlamento vasco a las acusaciones lanzadas en un auto por un juez de instrucción de Bilbao contra la Ertzaintza, en el que sostenía que la policía le había ocultado pruebas en un atestado por incidentes callejeros.

Los desórdenes se produjeron en el Casco Viejo de la capital vizcaína el pasado 10 de noviembre tras disolver la Ertzaintza una manifestación convocada por el grupo ilegal Segi. En el transcurso de las algaradas callejeras, varias personas rociaron con gasolina a un policía municipal y atacaron a su compañero con un espray. Los agentes arrestaron a dos personas, una de ellas menor de edad, a la que llevó ante la fiscalía. Respecto a la otra, el juez ordenó su ingreso en prisión, que luego abandonó tras depositar una fianza de 6.000 euros. Ninguno tenía relación con el ataque a los agentes.

Balza, que compareció en la comisión de Interior de la Cámara vasca a petición del PP, confirmó la presentación de una queja ante el Consejo General del Poder Judicial por la "filtración tendenciosa" del auto. Una filtración que atribuyó al titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao, Óscar Pérez, o al secretario judicial, por su "mal trabajo de custodia" de ese material. "Las filtraciones son habituales pero ilegales. Que los jueces respondan ante la ley", defendió.

"Desproporcionada"

"Sólo desde la malevolencia puede [el juez] hablar de ocultamiento de datos a la justicia", se quejó ayer en la comisión. El juez ha deducido testimonio contra el instructor del atestado y contra un mando al entender que pueden haber incurrido en obstrucción a la justicia por impedir la persecución de los delitos, ocultar datos y en falsedad en documento público.

Balza, que consideró la decisión del juez "desproporcionada", defendió la labor de la Ertzaintza y de los dos agentes ahora bajo sospecha, a los que expresó su total "apoyo político, profesional y jurídico". Y explicó que la policía, como hace siempre y ordena la Ley de Enjuiciamiento Criminal, realizó una precalificación de los hechos delictivos y abrió tres atestados diferentes: uno por desórdenes públicos cometidos por el menor, que remitió al fiscal de menores; un segundo atestado por estragos, incendio y atentado a la autoridad, remitido a la Audiencia Nacional y que posteriormente permitió la detención de cinco personas; y un tercero, enviado al juez de guardia de Bilbao, por desórdenes públicos, en el que estaba implicado el otro detenido. "El juez de Bilbao sabía desde el principio esto. Luego de obstrucción a la justicia y ocultación de datos, nada".

Tras las explicaciones, Balza obtuvo el apoyo expreso del PSE, PNV y EA. El PP mantuvo su tesis de que la Ertzaintza se atribuyó competencias que no eran suyas y consideró "mejorables" las relaciones entre esa policía y la Justicia.