Los Mossos desalojan sin incidentes el recinto de Can Ricart tras 12 días de ocupación

Los Mossos d'Esquadra desalojaron ayer por la tarde el antiguo recinto fabril de Can Ricart, en el barrio del Poblenou de Barcelona, después de 12 días de ocupación. El mismo magistrado que un día después de la usurpación rechazó el desalojo inminente lo autorizó ayer con dos argumentos: que la propiedad del inmueble había quedado acreditada y que la usurpación fue violenta. La intervención policial, que se prolongó más de tres horas, terminó sin incidentes. Los 39 jóvenes que se encontraban en el interior del recinto fueron identificados.

El desalojo de Can Ricart cogió a todos por sorpresa, empezando por los jóvenes que el pasado sábado 2 de diciembre se instalaron en el antiguo recinto fabril. Animados por la decisión inicial del juez de no autorizar el desalojo cautelar, los jóvenes estaban convencidos de que la causa se encaminaría por la vía civil y que, por tanto, la ocupación iría para largo. De hecho, durante los últimos días se habían dedicado a acondicionar las cinco naves ocupadas para realizar ensayos y actividades. La mayoría de los jóvenes son artistas callejeros vinculados al mundo del circo y procedían de otra nave ocupada del Poblenou, La Makabra, que también fue desalojada por la policía.

Pero las expectativas de los jóvenes se vieron truncadas por la orden judicial. Según un portavoz de la policía autonómica, 27 de los 39 jóvenes que en el momento del desalojo se encontraban en el recinto son extranjeros. Seis de ellos carecían de documentación, por lo que fueron trasladados a una comisaría de la Guardia Urbana situada a unos metros del recinto. No hubo detenciones.

Unas veces por parejas, otras de uno en uno, los jóvenes fueron abandonando el recinto con sus enseres personales y bajo la atenta vigilancia de los agentes. Medio centenar de jóvenes del movimiento okupa les animaban desde la otra esquina de la calle del Marroc gritando "¡un desalojo, otra ocupación!" y "¡la cultura no se desaloja".

El Departamento de Interior había previsto realizar el desalojo por la noche. Así se lo comunicó el consejero de Interior, Joan Saura, al presidente de la Generalitat, José Montilla. Sin embargo, Montilla instó a Saura a que la intervención policial comenzase de inmediato. Y así se hizo: el desalojo se inició a las 15.30 horas. El intendente de los Mossos d'Esquadra Antonio Blanco destacó la ausencia de incidentes, motivada por el hecho de que los jóvenes no opusieron resistencia. Una vez concluido el desalojo, la policía entregó el inmueble al su propietario, Federico Ricart, marqués de Santa Isabel.

Manel Andreu, portavoz de la plataforma Salvem Can Ricart -que se opone al plan urbanístico aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona para el recinto-, consideró "desproporcionada" la actuación policial.

La intervención de la policía se produjo en cumplimiento de una orden dictada por el Juzgado de Instrucción número 27 de Barcelona, el mismo que el pasado día 3 rechazó esa medida. El magistrado Emili Soler argumentó entonces que rechazaba el desalojo porque no se advertía "una situación de riesgo para las personas o bienes, ni tampoco la producción de inminentes perjuicios económicos para denunciante o terceros". También matizaba, sin embargo, que adoptaba esa decisión hasta que no tuviera más datos y oyera a los interesados.

Marqués y vigilantes

Ahora el juez argumenta que el marqués de Santa Isabel ya ha podido acreditar que es el propietario del recinto y que, además, se ha tomado declaración a los dos vigilantes que custodiaban el recinto cuando se produjo la ocupación.

El magistrado asegura que el recinto no estaba desocupado, sino vigilado las 24 horas del día, y añade que la actuación de los jóvenes no fue "pacífica y sigilosa, sino violenta". Por eso considera que se cometió un presunto delito de usurpación y que no puede tramitarse el caso por la vía civil. La violencia empleada por los okupas, dice el juez, consistió en que

éstos "acorralaron" a los vigilantes.

"No hemos podido presentarnos como parte de la causa y por eso no hemos podido aportar pruebas para la defensa", denunció ayer una de los abogados de los okupas, Laia Serra, que tildó la orden judicial de "impertinente e improcedente".