IU aboga por demoler las viviendas ilegales como "escarmiento y aviso a navegantes"

"Dinamita, aunque sea poca, habrá que utilizar en Marbella". El parlamentario de Izquierda Unida (IU) Antonio Romero abogó ayer por las demoliciones de edificios ilegales en Marbella, tras la petición de la Junta al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que ordene el derribo de 334 viviendas. La federación considera la medida como un "escarmiento y un aviso a navegantes", y propondrá a la Junta y al resto de partidos que formaron la comisión gestora marbellí una reunión para consensuar las posiciones políticas enfrentadas.

"El Partido Popular quiere un"amnistía, una ley de punto y final y que no se derribe ninguna vivienda, mientras que el PSOE lleva las rebajas demasiado lejos. No aceptamos presiones para incumplir el Estado de Derecho. Que se derriben algunas viviendas ilegales es bueno para Marbella y la seguridad jurídica", explicó Romero". El parlamentario malagueño expresó con rotundidad el apoyo de IU a las posibles demoliciones de casas ilegales en la ciudad que pudieran decidir los magistrados en el proceso contencioso-administrativo activado tras la petición de la Junta.

"El Plan General legalizará muchas viviendas, pero va a quedar un fleco: las sentencias firmes de los tribunales, que hay que cumplir por respeto al estado de derecho", recordó Romero. "No se puede plantear si se van a cumplir las sentencias firmes de los tribunales", remachó.

Los puntos de vista en el ámbito político, a menos de seis meses de las próximas elecciones municipales, difieren con gruesos matices en una cuestión muy sensible para la ciudad y sus vecinos. Mientras que la Junta mantiene que insistirá en que se derriben las viviendas construidas en suelos públicos o zonas verdes, el PP catalogó la medida de "inmoral" y anunció una moción parlamentaria para frenarla.

IU quiere limar asperezas e intentar alcanzar un pacto con algunos puntos de acuerdo básicos entre los partidos que formaron la gestora marbellí: PSOE, PP, IU y Partido Andalucista. Romero anunció que pedirá al presidente de la Diputación de Málaga, Salvador Pendón, una reunión que establezca un "marco de consenso" junto a la Consejería de Obras Públicas. "Debe servir para definir una estrategia común que plantee cómo cumplir las sentencias de los tribunales sin hacer daño a terceros, y sin tomar decisiones que se vuelvan contra el interés general de Marbella. Otra cosa es compensar a los compradores de buena fe para que no sufran las injusticias del ayuntamiento anterior", matizó.

El parlamentario de IU reclamó a la Junta que debe discutir con el resto de fuerzas políticas un tema "que nos afecta a todos, por lo que todos debemos ser oídos". "Está todo el mundo pendiente de qué va a pasar con las demoliciones, y es necesario que los partidos se retraten y dispongamos de asesoramiento jurídico", añadió. Romero criticó ayer que el presidente de la gestora, Diego Martín Reyes, se reuniera la pasada semana con la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, sin consultar previamente al resto de partidos que formaron el órgano gestor. Romero aplaudió asimismo el cambio de doctrina por parte del TSJA, que hasta ahora denegaba sistemáticamente las suspensiones cautelares de las obras con licencias impugnadas y ha comenzado a aplicarlas recientemente.

Por otra parte, IU quiere que los vecinos de Marbella decidan el destino del dinero y los bienes incautados en la operación Malaya. A pesar de que el uso de dichos bienes será decidido en un segundo proceso judicial una vez haya culminado la instrucción en marcha y se celebre un primer juicio, IU propuso ayer la celebración de un referéndum popular para decidir las prioridades en las inversiones que necesita la ciudad. "El pueblo debe decidir las inversiones que hay que hacer con el dinero incautado al grupo mafioso que ha saqueado las arcas municipales. Si se destinan a colegios o viviendas protegidas", apuntó Romero.