Un juez investiga si directivos de la CNMV ocultaron en 1998 informes del 'caso AVA'

Un juzgado de Madrid investiga si cuatro altos cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) bajo el mandato del PP ocultaron informes sobre la agencia de valores AVA tras su derrumbe en febrero de 1998, con un agujero de 84,1 millones de euros. La querella contra ellos sostiene que enterraron un informe de enero de aquel año con las conclusiones de una visita girada en el último trimestre de 1997, que debió forzar la intervención de AVA antes de su desplome. La CNMV ocultó el escrito a los clientes que le reclamaron responsabilidad patrimonial para ocultar su negligencia, según la querella.

Los altos cargos de la CNMV de la etapa del PP deberán explicar su actuación en el caso AVA a raíz de una querella presentada por uno de los imputados en el escándalo financiero, Juan Castañeda, ex directivo de Transáfrica (matriz de Socimer, banco con el que operaba AVA). Entre los altos cargos figuran dos polémicos ex directivos del órgano supervisor: Jaime Pérez Renovales y Antonio Alonso Ureba. El PSOE solicitó sin éxito imputar a ambos por su presunta complicidad desde la CNMV en un posterior escándalo financiero, Gescartera, intervenida en 2001 tras estafar 100 millones de euros a 2.000 clientes. Tras dejar la CNMV, Renovales llegó a ser jefe del Gabinete del ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato (PP). Ureba fue nombrado secretario del consejo de Telefónica.

Entre los querellados también figuran dos ex directivos, Pedro Villegas, autor de los expedientes de la responsabilidad patrimonial, y David Vives, respectivamente ex subdirector de inspección y ex director general de la división de supervisión. También aparecen

las funcionarias responsables del pliego de cargos, Teresa de Miguel y Carmen Hidalgo.

Pérez Renovales, que llegó a ser subdirector jurídico de la CNMV, instruyó el expediente de responsabilidad patrimonial sobre el caso AVA, del que, según la querella, se eliminó el informe de enero de 1998. Alonso Ureba, como secretario del Consejo de la CNMV, sólo remitió el citado escrito al juez penal del caso, titular del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, a la cuarta requisitoria y bajo apercibimiento de sanción. El final de dicho escrito sobre la inspeccionada AVA es demoledor: "Existen indicios fundados de que la entidad se halla en una situación de excepcional gravedad, si bien la no aportación de los referidos datos contables impide conocer la verdadera situación de la entidad".

Tras el desplome de AVA, en febrero de 1998, algunos de los 14.000 clientes estafados por ese chiringuito financiero, aun sin conocer la existencia del documento, interpretaron que la pérdida de sus ahorros era consecuencia del negligente control de la CNMV. Por ello, solicitaron al organismo indemnizaciones para resarcir sus pérdidas. Sin embargo, en 2000 el Gobierno del PP la denegó a través de dos órdenes ministeriales de Economía. Estas órdenes recordaban que la CNMV podía intervenir una agencia de valores "únicamente cuando una entidad se encuentre, o existan indicios fundados de que pudiera encontrarse, en una situación de excepcional gravedad". Justo la situación en que se encontraba AVA, según el informe de enero de 1998.

Acordar la intervención

"Desde el 9 de enero de 1998, la CNMV había concluido y constatado por escrito y oficialmente que se daban las circunstancias que exige la legislación para poder acordar la intervención de AVA o la sustitución de sus administradores", reza la querella. El citado escrito que investiga un juzgado madrileño sostiene: "¿Por qué la CNMV no intervino desde finales de 1997 la agencia? Se pudo evitar, pero al no intervenirse no se evitó que se contrataran operaciones a finales de enero y principio de febrero de 1998 por importe de 44,7 millones de euros, reinvertidas por AVA en lugar de ser devueltas a los clientes ¿Por qué la CNMV no actuó hasta después de que AVA suspendiera pagos y la crisis le estallara en las manos?".

Pero si grave fue la conducta de la CNMV antes del derrumbe de AVA, peor fue su respuesta al difundirse su crisis, según la querella: "La CNMV opta por la drástica solución de falsear los hechos, hacer desaparecer el informe de 9 de enero de 1998, preparando otro informe ad hoc y engañar al Consejo de Estado, al ministro [de Economía] y a los tribunales". Tal ocultación del informe de inspección de 1998 acarreó la manipulación de una triple vía para juzgar la actuación de la CNMV en la supervisión de AVA: el Consejo de Estado, al basarse en "hechos falsos", efectuó una "equivocada valoración" sobre el proceder del organismo supervisor y la razón que asistía a los reclamantes, y por lo mismo, Economía dictó una "injusta resolución de los expedientes", y los tribunales contencioso-administrativos fueron inducidos al "error", según la querella.