20.000 millones para limpiar el agua

Las divisiones de agua de las grandes constructoras entrenan a sus técnicos para competir por un paquete de más de 2.000 obras recogidas en el segundo plan de calidad y saneamiento de aguas que ultima el Ministerio de Medio Ambiente con las comunidades autónomas para los próximos ocho años y que se espera ser aprobado en dos meses. El plan requiere inversiones superiores a los 19.700 millones de euros para poner el reloj al día en el cumplimiento de varias directivas sobre calidad de aguas, para lo que será necesario construir tanques de tormentas, nuevas depuradoras y modernización de las viejas, así como desaladoras y plantas para la reutilización de aguas residuales.

Las comunidades autónomas se apresuraron a definir y ampliar las zonas sensibles con la idea de reclamar al Estado la trasferencia de fondos

El plan abarca un amplio abanico de actuaciones para la protección de las llamadas "zonas sensibles" próximas a las fuentes de abastecimiento, la construcción de tanques de tormentas para mitigar los efectos contaminantes de las trombas de agua y sus arrastres sobre las depuradoras urbanas, la construcción de plantas de tratamiento en poblaciones con más de 2.000 habitantes, la renovación de las viejas depuradoras y el tratamiento de lodos, entre otras intervenciones, con el fin de preservar los ecosistemas acuáticos y devolver el agua usada en buenas condiciones a los ríos.

Las comunidades autónomas han hecho las cuentas y calculan que estas actuaciones programadas elevan las inversiones a 20.000 millones de euros.

La cifra es de tal magnitud que los directivos de las siete grandes empresas de agua (filiales de grupos constructores) la miran con cautela. El director de la Asociación Tecnológica para el Tratamiento del Agua (ATTA) y ex alto funcionario del Ministerio de Medio Ambiente, Ángel Cajigas, está convencido de que se harán ajustes a la baja.

Pero los cálculos están ahí, como resultado de sumar las inversiones de 2.072 actuaciones. Con su acometida se trata también de evitar las sanciones que la Unión Europea está a punto de imponer al Estado por una situación de la que no es responsable; el mal estado generalizado de la calidad de las aguas.

El plan coincide con un momento de reajustes en las grandes constructoras de la actividad relacionada con el tratamiento del agua, que suele ir englobada con la gestión de los residuos y que en los últimos años ha ganado un gran peso en su cartera de negocios, tanto en el mercado interno como en su proyección exterior. Tanto los residuos como el agua son negocios regulares porque suelen estar vinculados a contratos con ayuntamientos y dependen menos de la actividad cíclica que caracteriza a la construcción.

Nada más comprar por 2.036 millones de euros la británica WRG dedicada a residuos, FCC ganó un contrato de recogida de residuos en el oeste de Londres por 900 millones de euros en 25 años. Con anterioridad aprovechó la necesidad de Vivendi de hacer caja para adquirir su cartera de negocios en España a través de Sogesur, con más de 40 años de gestión en abastecimientos municipales. Aqualia, su poderosa división de servicios ambientales, presta el servicio de agua a más de 800 municipios españoles.

Acciona digiere la compra al grupo RWE por 150 millones de Pridesa (pionera en desalinización), un año después de fusionarse con Ondagua, dedicada a los abastecimientos. Ambas compañías vuelven a control español después de que Iberdrola las cediera a RWE. Con todas ellas ha creado la división Acciona Agua, en la que ha integrado Ondagua, Pridesa, Gesba (Baleares) e Infilco, especializada también en depuración.

El grupo Sacyr también ha reestructurado sus actividades relacionadas con el agua al concentrarlas en Valoriza Agua. Compró Aguas de Tenerife a Endesa, una concesión por 25 años que le aportará unos ingresos de 750 millones de euros. Pero también ha puesto un pie en Portugal, donde ya participa en la gestión de agua municipal en 15 municipios.

Ferrovial, a través de Cadagua, está decidida a proyectar al mundo su experiencia en desalinización, donde la industria española es competitiva. ACS utiliza a todas sus filiales para conseguir contratos de obra en todos los frentes.

OHL (Inima) y Abengoa (Befesa) completan la lista de los seis grandes grupos cotizados con filiales de agua, una actividad en la que se iniciaron no hace mucho más de 15 años, cuando se instalaron las primeras depuradoras. Poco después llegó la segunda oleada de negocio con la privatización de la gestión municipal del agua en grandes municipios.

"Hace 15 años no había nada en tratamiento del agua. Desde entonces hemos hecho un esfuerzo enorme que ha situado al sector en un nivel técnico de primera división", subraya Antón García Zubizarreta, director de Inima, incorporada a OHL tras su privatización. Manuel Rubio, director de Valoriza Agua, suscribe esa privilegiada posición: "De las 20 empresas más importantes del mundo en gestión de agua, ocho son españolas, y como país ocupamos el quinto puesto mundial en desalinización".

Zubizarreta asegura que el sector tiene capacidad suficiente para ejecutar el plan hasta 2015. "Hemos ofrecido a todas las administraciones nuestra colaboración técnica y económica para acometer las obras y financiarlas. El modelo que hemos aplicado funciona muy bien". Antonio Casado, director de Cadagua, añade que están "dispuestos a negociar fórmulas concesionales" ante la insuficiencia financiera de muchas administraciones para cumplir el plan.

Peaje en sombra

El Ministerio de Medio Ambiente se ha comprometido a costear el 25% a través de las sociedades estatales de aguas y Acuamed, que cuenta con una dotación de más de 3.000 millones de euros para desalinizar el agua equivalente al derogado trasvase del Ebro. El director general del Agua, Jaime Palop, no descarta que estas sociedades acudan al mercado de deuda, aunque están obligadas a recuperar el coste de las obras. De hecho, Acuamed suscribe convenios con los ayuntamientos y los regantes beneficiados por cada desaladora que pone en marcha para recuperar parte de sus inversiones, cofinanciadas hasta 2008 con fondos europeos.

Según Julián Núñez, director gerente de Seopan, patronal de las constructoras, las autonomías se apresuraron a ampliar las zonas sensibles con la idea de reclamar al Estado la transferencia de fondos. "Ahora se encuentran con el compromiso ante la Unión Europea de tener que invertir más de 6.000 millones de euros para recuperar el buen estado de estas zonas sensibles".

La asociación elaboró un estudio para la Junta de Andalucía que evalúa en 2.100 millones de euros las inversiones necesarias y sugería aplicar un canon finalista, como existe en once comunidades autónomas. La fórmula que Seopan propone para la participación del sector privado en la financiación de las plantas (desaladoras, fangos, depuradoras) el peaje en sombra, que ya se aplica en carreteras. Núñez asegura que en España "tenemos las mejores carreteras del mundo, pero no ocurre lo mismo con la calidad del agua. Como no se ve y las competencias están transferidas..., nadie nos va a librar de las multas".