A la espera de noticias

La actividad política, que suele decaer normalmente en las fechas navideñas, estará en esta ocasión prácticamente congelada, a la espera, unos y otros, de saber si ETA-Batasuna hace algún gesto que permita saber si el proceso de pacificación sigue adelante o no.

El PSOE, apoyado por el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, mantiene que la violencia callejera debe desaparecer y que no es posible llegar a ningún pre-acuerdo en relación con la mesa de negociación política que vaya más allá del compromiso de colocar en la agenda los temas relacionados con la autodeterminación y la territorialidad (Navarra).

Batasuna, impulsada por ETA, insiste, al parecer, en que los preacuerdos deben incluir el compromiso no sólo de insertar esos dos temas en la agenda, sino de "encontrarles una solución", algo que el Gobierno estima fuera de consideración.

El PP quiere forzar el dar por cerrado el proceso de diálogo a la vuelta de enero, pero el presidente prefiere dar a Batasuna el tiempo que sea necesario

Seis meses después de que el Gobierno recibiera autorización del Parlamento para entablar conversaciones con ETA si se verificaba la ausencia de violencia ha sido imposible abrir formalmente el diálogo porque sigue existiendo ese desencuentro básico inicial. Algunos especialistas creen que, dada la proximidad de las fechas navideñas, es posible que el impasse se prolongue hasta mediados de enero. A partir de esas fechas volverá la efervescencia política y parlamentaria, y el Gobierno volverá a recibir fuertes presiones del Partido Popular para que sean los socialistas los que den por cerrado el proceso.

En el PSOE creen que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, está dispuesto a esperar todo el tiempo que haga falta, sin hacer ningún tipo de declaración parlamentaria, a la espera de que Batasuna y ETA reconsideren su postura, siempre, por supuesto, que no haya víctimas mortales.

El tope podrían ser las elecciones municipales, previstas para el mes de mayo, en las que Batasuna pretende presentarse, de una forma o de otra, para recuperar el ansiado protagonismo político en los ayuntamientos. El Gobierno insiste en que la única manera que tiene la antigua Batasuna de acudir a las urnas será pasar antes por su legalización formal, y advierte insistentemente de que no permitirá la existencia de agrupaciones electorales que encubran a los candidatos batasunos. Para ese momento parece, pues, difícil que continúe la incertidumbre respecto al futuro del proceso de pacificación.

El PP, desde luego, no piensa esperar hasta entonces para exigir al presidente del Gobierno nuevas declaraciones y explicaciones. "No nos parece posible que el Gobierno pretenda seguir como si no ocurriera nada mientras se recrudece la kale borroka o los chantajes económicos en el País Vasco", asegura un dirigente popular. "Quiera o no quiera, Rodríguez Zapatero tendrá que hacer algún gesto, como muy tarde, a la vuelta de las vacaciones parlamentarias. En el PP solemos dar una pequeña tregua navideña para no indigestar las fiestas a los ciudadanos, pero a la vuelta de enero haremos todo lo posible para dejar claro que, a nuestro juicio, ésta es una situación insostenible", mantiene el mismo responsable del PP.

Memoria

La tregua navideña del PP no comenzará, en cualquier caso, antes del próximo jueves, día en el que el Pleno del Congreso tiene previsto discutir las enmiendas a la totalidad presentadas por el propio PP, ERC e IU al proyecto de ley conocido como de "la memoria histórica". Los populares están decididos a dar una gran importancia al proyecto de ley. "Mariano Rajoy, en su intervención con motivo del Día de la Constitución, incluyó la ley de la memoria histórica entre los tres grandes motivos de enfrentamiento con el Gobierno del PSOE, al nivel de la negociación con ETA o el modelo de Estado", recuerda un diputado popular.

"La memoria histórica se ha convertido en un tema importante para nosotros y estamos dispuestos a dar al Gobierno todas las batallas que sean necesarias en torno a este asunto". El proyecto de ley, una vez superado el trámite del jueves, quedará aparcado en la comisión parlamentaria correspondiente como poco hasta el próximo mes de febrero.

El proyecto del Gobierno despierta un gran malestar entre las filas populares, especialmente todo lo relacionado con la creación de una comisión interministerial encargada de "reparar la memoria personal y familiar" de quienes así lo soliciten. "Esa comisión no tiene precedentes jurídicos, no existe nada parecido en derecho comparado", protesta un veterano diputado que ya ocupó un escaño en las filas de UCD.