La Xunta vincula los fallos de la vía del Salnés con las prisas electorales del PP
Arreglar la carretera costará 8 millones de euros, el 26% de lo que se gastó al construirla
La Consellería de Política Territorial sugirió ayer, a través de su secretario general, Luis Vázquez, que los cambios constructivos que han provocado el deterioro irreversible de la vía de O Salnés son consecuencia de las prisas que tenía el Gobierno del PP para terminar las obras antes de las elecciones. Vázquez explicó las razones constructivas y de seguridad que obligan a mantener cerrado el vial durante un máximo de cinco meses y cifró en 8 millones de euros el gasto que supondrán las reparaciones, aproximadamente un 26% de lo que costó construir toda la vía de alta capacidad.
La modificación del proyecto constructivo, que en 1993 permitió sustituir los tubos de hormigón originalmente previstos por otros metálicos, se decidió con el argumento de que el cambio permitiría "agilizar las obras", según consta en el expediente constructivo. El número dos del departamento que dirige la conselleira María José Caride explicó ayer en rueda de prensa que, "a veces, la presión por inaugurar antes de unas elecciones hace que se apure para ganar meses. Son malas costumbres" que, añadió, no piensa adoptar el actual equipo de la consellería.
La sustitución de los tubos tiene además implicaciones económicas, aunque Vázquez no quiso anticipar las conclusiones de la investigación abierta. Sí reconoció, no obstante, que la utilización de tubos metálicos ahorra tiempo y, por consiguiente, costes, pero rechazó expresamente haber entrado en "una caza de brujas". "Sólo queremos aprender de los errores", agregó.
La decisión de sustituir las 30 canalizaciones afectadas obligará a cortar cinco meses el tramo de la vía entre Ribadumia y Sanxenxo y seis semanas entre Barro y Ribadumia. Este último permanecerá abierto hasta finales de enero para evitar que el cierre de toda la carretera coincida con las fechas de mayor tráfico y permitir, al mismo tiempo, el acondicionamiento de las vías alternativas de conexión de la comarca. El secretario general de Política Territorial compareció acompañado por el director general de Obras Públicas y por un representante de Ausal, la concesionaria de las obras que se iban a emprender para desdoblar el vial y convertirlo en una autovía. Precisamente la reparación de los tubos, de la que se ocupará la misma empresa, demorará a su vez cinco meses la entrada en servicio de la ampliación, prevista inicialmente para febrero de 2008.
Política Territorial trató ayer de despejar cualquier duda en torno a un problema "heredado" porque "pasó el tiempo de los Gobiernos de ocultación", señaló Vázquez. "Queremos ser la consellería de la transparencia; queremos trabajar para las próximas generaciones y no para las próximas elecciones".
El secretario general se defendió de las críticas que ha recibido por parte del PP y los alcaldes populares de la comarca por el plazo de cinco meses anunciado para las reparaciones. Es el mínimo posible, explicó, movilizando todos los medios materiales, incluidos dos turnos de trabajo durante 20 horas diarias. Todo ello sin poner en peligro la integridad física de los trabajadores, porque la sustitución de los tubos, enterrados en algunos puntos a 20 metros de profundidad y sometidos a la presión del agua, implica importantes riesgos, según la consellería.
El número dos de Política Territorial aseguró que los informes técnicos niegan cualquier relación entre las obras de desdoblamiento y la oxidación de los tubos, que debía durar decenas de años. Vázquez emplazó también al presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, del PP, a que pida disculpas por haber señalado al director general de Obras Públicas, Manuel Morato, ingeniero de profesión, como responsable de la obra deteriorada, cuando en aquella época ni siquiera trabajaba para la consellería.
A pesar de ello, el representante de la Consellería de Política Territorial hizo un llamamiento a las instituciones implicadas para que colaboren en este asunto con el objetivo común de minimizar las consecuencias del problema, tanto para los ciudadanos como para las empresas y establecimientos de la comarca. "Basta ya de frivolidades. Pedimos comprensión y colaboración" y no convertir este problema en una cuestión electoral, concluyó Luis Vázquez.
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