Una apuesta por la paz

El miércoles 22 de marzo, hace tan sólo ocho meses, parecía un día como tantos otros. Pero ese día traía algo nuevo: ETA hizo pública su decisión de decretar un "alto el fuego permanente". Una sensación de alivio se hizo patente de inmediato, los ciudadanos de buena voluntad empezamos a vislumbrar un horizonte de esperanza.

Desde entonces han aflorado dos corrientes de opinión: por un lado, ha habido una importante acumulación de muestras de apoyo, procedentes de multitud de instituciones públicas y privadas, para que el Gobierno, con las condiciones conocidas ya por todos -cese de cualquier tipo de violencia, respeto a la ley y ausencia de "precio político"- pudiera abordar un proceso para el fin dialogado de la violencia. La Unión General de Trabajadores se sumó a esta corriente, en la que se encuentran jefes de Estado y de Gobierno, los principales organismos internacionales, todos los partidos políticos españoles excepto el Partido Popular, organizaciones sindicales, empresariales y sociales de diversa índole. Si leemos los indicadores, esta corriente es mayoritaria, y con ella parecen identificarse siete de cada diez españoles que están a favor del proceso de paz.

Retirar la confianza al Gobierno cuando no ha habido concesión alguna es injusto

Con esta primera corriente convive una segunda que, aun siendo minoritaria, está produciendo unos efectos negativos sobre el clima político general, sin afectar en apariencia hasta el momento -pero podría hacerlo- al clima laboral y económico.

Según esta segunda corriente, existe ya de hecho una negociación política entre el Gobierno y ETA -incluso una rendición, se dice, del Estado ante los terroristas-. Aunque no haya ningún indicio de tal negociación secreta, se repite tantas veces que sí la hay, que el argumento -amplificado cada día- termina por generar desconfianza en la ciudadanía y crispación en la vida política. Esta corriente también defiende que la supuesta claudicación del Gobierno ante ETA obedece a oscuras cesiones que comprometerían a Navarra, la reforma de la Constitución, la escisión de la Comunidad Autónoma del País Vasco e incluso, para los más recalcitrantes, el sacrificio de 192 personas en el atentado más terrible de nuestra historia.

Quizá haya llegado el momento de contribuir, en la medida de nuestras posibilidades y reclamando siempre al Gobierno que respete sus propios compromisos con los ciudadanos, a que la primera de estas corrientes -la que tiene el apoyo de la mayoría de los ciudadanos, la que quiere asentar la paz definitivamente en el País Vasco y en el resto de España- adquiera el protagonismo que merece. Sus objetivos no son otros que el cese definitivo del ruido de las armas, un siniestro ruido demasiado frecuente en la historia de nuestro país.

A fin de cuentas, el Gobierno actual está actuando con una transparencia que no pueden de ninguna manera esgrimir quienes estuvieron en el Gobierno anterior, durante la tregua de 1998. El Gobierno actual cuenta con un aval parlamentario que tampoco tuvo, porque no lo pidió, el Gobierno de Aznar. Y el Gobierno actual ha dejado claras decenas de veces cuáles son las condiciones para un diálogo. Me parece justo reconocer que, aunque hubiera algunas concesiones aparentes como el traslado de presos, el Gobierno de Aznar dio por roto el diálogo cuando se exigieron contraprestaciones políticas.

Fue mérito de Aznar y es justo reconocerlo. En la misma medida, parece justo reconocer al presidente del Gobierno actual que esté defendiendo unas condiciones y unos principios inquebrantables. Nuestra obligación como ciudadanos y como representantes de las organizaciones sociales es exigírselo. Pero retirar la confianza al Gobierno cuando las condiciones se nos explican, cuando hay un acuerdo parlamentario previo y cuando no ha habido concesión alguna es, en mi opinión, injusto y negativo para el futuro de nuestro país.

Tenemos ante nosotros una oportunidad histórica para avanzar en el largo y exigente camino de la convivencia democrática, que no deberíamos desperdiciar. Porque de ese futuro en paz que quisiéramos conseguir, también nos beneficiaremos los trabajadores. La paz es una garantía no suficiente pero sí necesaria para que haya estabilidad empresarial, optimismo económico y buenas perspectivas sociales y laborales.

Los ciudadanos y las organizaciones que creemos sin restricciones en la democracia y en la justicia -que somos la inmensa mayoría- debemos seguir exigiendo al Gobierno que actúe desde los postulados de nuestro Estado de derecho, para concluir con éxito este proceso. Pero también es necesario el consenso leal, no partidista, de todas las fuerzas democráticas en torno al Gobierno y al Parlamento, que son quienes deben tener la iniciativa en sus ámbitos respectivos.

UGT seguirá comprometida, como hasta ahora, con la búsqueda de soluciones justas que permitan una convivencia democrática y sin violencia en nuestro país. Los trabajadores, los ciudadanos, las jóvenes generaciones que nos sucederán, nos merecemos que concluya con éxito esta apuesta por la paz.

Cándido Méndez es secretario general de UGT