Los conversos a la reforma constitucional

La tercera conferencia sectorial celebrada por el PP el pasado fin de semana -las dos anteriores estuvieron dedicadas a la inmigración y a la seguridad ciudadana- ha tenido como argumento central el llamado modelo de Estado, una enfática manera de referirse a la organización territorial del poder que configuran las comunidades autónomas creadas al amparo del principio dispositivo establecido por la Constitución de 1978. Al cierre del debate, Rajoy anunció la promulgación de un agregado variopinto de leyes de orientación recentralizadora y la reforma parcial de la Constitución, animadas por el común propósito de "rectificar los desajustes" del actual sistema y de reforzar las competencias de la Administración central. Se rompe así el tabú de la intangibilidad de la norma fundamental, defendido en los últimos tiempos con denuedo por el PP, aunque paradójicamente la mitad del Grupo Parlamentario Popular no votó en su día el texto, Aznar elogió la abstención beligerante contra el referéndum de diciembre de 1978 y Fraga enarboló la bandera de la reforma de la Constitución nada más ser promulgada.

A partir de la década de los noventa, sin embargo, la actitud de los populares cambió de rumbo; la plataforma electoral de 2004 subrayaba el "compromiso con la Constitución" del PP y elogiaba sus valores sin mencionar siquiera la posibilidad de modificarla. El presidente de honor del partido reiteró hace escasos meses esa postura de rechazo a cualquier reforma constitucional; como consejero de Estado vitalicio (cargo al que más tarde tendría que renunciar por incompatibilidad con su trabajo para el grupo Murdoch), Aznar subrayó, en el voto particular al dictamen del supremo órgano consultivo del Gobierno sobre las cuatro propuestas de modificación de la Constitución sometidas a escrutinio por el Ejecutivo, que su "discrepancia fundamental" afectaba a la iniciativa misma: "Sigo pensando que, hoy como ayer, tal vez incluso más hoy que ayer, el contexto político no favorece el sosiego ni estimula el acuerdo, necesario para una operación tan importante como es la de reformar la Constitución de todos".

Ahora, sin embargo, Rajoy se ha lanzado a tumba abierta por la pista de la reforma constitucional desbordando la cuádruple propuesta del Gobierno socialista, cuyos contenidos eran la supresión de la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la corona, la recepción del proceso de construcción europeo, la denominación de las comunidades autónomas y la reforma del Senado. Con la furia del converso, el actual presidente del PP lanza la oferta de 14 reformas constitucionales diseminadas en casi una decena de artículos: la exigencia de una mayoría de dos tercios de los parlamentos autónomos y de las Cortes para la aprobación de nuevos estatutos de autonomía, el monopolio del recurso de casación para el Supremo, la derogación de la disposición transitoria cuarta que establece el procedimiento para la eventual incorporación de Navarra a la comunidad autónoma vasca, y otras modificaciones orientadas en su mayoría a reforzar las competencias exclusivas del Estado.

Los populares incluyen en ese largo listado tan sólo preceptos que puedan ser reformados sin necesidad de disolver las Cortes y convocar un referéndum de ratificación. Pendiente todavía la negociación formal entre los grupos parlamentarios del PSOE y el PP sobre la propuesta de revisión constitucional del Gobierno, ambos partidos se necesitan si quieren sacar adelante sus iniciativas, que exigirían, respectivamente, los dos tercios y los tres quintos de la Cámara. Pero los populares no aspiran en realidad a que sus 14 reformas sean aprobadas en esta legislatura: se trata, en realidad, de un adelanto del programa electoral que los populares están madrugadoramente preparando. Cabe aplaudir que el PP haya acabado con el absurdo tabú de la intangibilidad constitucional que sólo la ceñuda obcecación de Aznar había elevado a la condición de dogma virginal: antes o después, socialistas y populares deberán sentarse a negociar las revisiones del articulado -necesarias o aconsejables- que escolten a la reforma de la sucesión a la corona si quieren evitar que el referéndum en solitario de esta última se convierta eventualmente en un plebiscito indirecto sobre la monarquía.