Las administraciones siguen sin resolver la Operación Chamartín tras 16 años

Tras 16 años de discrepancias sobre la Operación Chamartín, las tres administraciones implicadas -Ministerio de Fomento, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid- necesitan aún más tiempo para ponerse de acuerdo sobre la construcción de más de 16.000 viviendas en la prolongación del paseo de la Castellana entre la M-30 y la M-40. El último capítulo de las discrepancias se vivió ayer, cuando el Gobierno regional y el Consistorio estimaron que la operación reportará unos ingresos de más de 9.000 millones de euros y exigieron que con ellos se paguen las infraestructuras necesarias en la zona. Las estimaciones alertan de que una empresa podría ganar más de 3.300 millones sin ser propietaria de una sola parcela.

Ayuntamiento y Comunidad hicieron públicas ayer, por primera vez desde 1990, las cifras económicas que hay tras la Operación Chamartín, según sendos estudios. Los dos trabajos coinciden en lo esencial, aunque presentan diferencias en cuanto a los ingresos porque "se han tomado distintos valores del suelo sin urbanizar", según fuentes de las dos administraciones.

La venta de los más de 3,3 millones de metros cuadrados de superficie construida a levantar reportarán a los propietarios del suelo unos ingresos de 10.463 millones de euros, según el Ayuntamiento, y de 9.159 millones, según la Comunidad.

Las dos administraciones también han hecho un cálculo de lo que costarán todas las infraestructuras necesarias en la zona -urbanizar las calles, llevar el agua y la luz, construir una línea de metro, nuevas estaciones de tren en Hortaleza y Fuencarral, hacer las conexiones con la M-30, la M-40 y la A-1...-, que asciende a 3.423 millones.

Ayuntamiento y Comunidad consideran que la diferencia entre ingresos y gastos -7.040 millones según el primero y 5.763 según el Gobierno regional- hace "viable" la Operación Chamartín "siempre que todas las infraestructuras necesarias se paguen de los ingresos". "No sería justo sería que todos esos ingresos se repartieran y que luego la Comunidad y el Ayuntamiento [propietarias de una pequeña parte de los terrenos] perdiéramos dinero construyendo todas las infraestructuras necesarias", explico la concejal de Urbanismo de Madrid, Pilar Martínez.

La propuesta de los Gobiernos regional y local, en síntesis, es que todos los propietarios del terreno -Ministerio de Fomento, titular de Renfe, con un 62,9%; Comunidad de Madrid, un 5,6%; Ayuntamiento, un 11,7%; y privados, un 19,7%- compartan gastos y beneficios: que primero vendan el suelo, que luego paguen las infraestructuras y que al final se repartan el dinero sobrante según el porcentaje de terreno que posean. Esto dejaría a la Comunidad unos beneficios de 397 millones, al Ayuntamiento de 829, a los privados de 1.383 millones y al Ministerio de Fomento de 4.429 millones.

Las cuentas, sin embargo, no son tan sencillas y Fomento mantuvo ayer un inamovible silencio en el que no quiso entrar a valorar estas cifras ni ofrecer las suyas. El secretario de Estado de Infraestructuras, Victor Morlán, llegó a calificar de "desleales" a las otras dos administraciones por hacer públicas unas cifras que "nadie sabe de donde salen".

Reparto de 'beneficios'

El origen de la reserva de Fomento podría ser el reparto que de sus beneficios de 4.429 millones hacen la Comunidad y el Ayuntamiento. Éstas dicen que Fomento sólo recibirá a 1.200 millones y que el resto, más de 3.229 millones, los obtendría la empresa Desarrollo Urbanístico de Chamartín (DUCH), del BBVA y la constructora San José, según un convenio firmado en julio de este año por Fomento y DUCH.

Se da la circunstancia de que DUCH no es propietaria de un solo metro cuadrado de suelo en la zona y sus derechos a participar en el reparto del pastel provienen de 1994, cuando el Gobierno central del PSOE le adjudicó el desarrollo urbanístico de la zona. Estos derechos fueron ampliados en 2002 por el Gobierno central del PP con el acuerdo de la Comunidad y el Ayuntamiento, también del PP.

"Es una cifra desorbitada de dinero la que obtendría DUCH sin ser propietaria de suelo", criticó Pilar Martínez y fuentes de la Comunidad. "Pero eso es un problema que debe resolver Fomento. Nosotros nos conformamos con que las infraestructuras no cuesten dinero a los madrileños, y sean sufragados con los ingresos de la venta de suelo", añadió un portavoz de la Comunidad.

Victor Morlán, de Fomento, replicó: "Nosotros, al llegar al Gobierno, nos encontramos con el convenio que el PP acordó en 2002, cuando gobernaba en las tres administraciones, que sólo garantizaban unos ingresos de 500 millones en 20 años. El nuevo convenio nos garantiza 1.200 millones, que serán invertidos en Madrid y permitirán la construcción de 2.000 pisos protegidos".